El Gobierno empezó este martes la defensa a su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para pedir que se ordenen medidas provisionales que frenen el proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la cuenca Malvinas Norte.

Las audiencias se extenderán hasta el miércoles. Es la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada a la soberanía sobre las Islas Malvinas.

La comitiva oficial está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y la integran el consejero legal de la Cancillería, el embajador Mario Oyarzábal, que actuará como agente; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación, y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca. La presentación fue preparada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro.

La defensa sumó además a tres especialistas internacionales. Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal del Mar, que representó al país en el caso de la fragata Libertad, cuando en 2012 el organismo ordenó liberar el buque como medida provisional. Lo acompañan Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.

El planteo de la Argentina

La Argentina centró su presentación en las consecuencias que podría tener el avance de la actividad petrolera británica en las aguas próximas a las Islas Malvinas.

El embajador Mario Oyarzábal explicó que la intervención del Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene un objetivo concreto: impedir que la explotación de los recursos naturales de la zona produzca cambios irreversibles antes de que se resuelva la controversia entre ambos países.

Desde el comienzo, el representante diplomático marcó los límites del planteo argentino. Aclaró que no se busca que el organismo internacional resuelva quién tiene la soberanía sobre el archipiélago ni que se expida sobre la delimitación marítima.

La discusión, en esta instancia, está vinculada con los derechos que la Argentina considera afectados por las decisiones unilaterales de Londres.

Para fundamentar el pedido, Oyarzábal repasó los antecedentes de la disputa, las gestiones diplomáticas y las distintas resoluciones argentinas frente al avance británico. También hizo referencia a la falta de una respuesta favorable del Reino Unido, que ratificó su intención de seguir adelante con el emprendimiento petrolero. Recordó que el 28 de septiembre la Argentina respondió con el inicio del procedimiento arbitral.

Ante los integrantes del Tribunal del Mar, el embajador identificó cuatro principios de la CONVEMAR que, según sostuvo, respaldan la posición argentina: la preservación de los derechos soberanos sobre la plataforma continental hasta que se resuelva la disputa; la prohibición de avanzar unilateralmente sobre los recursos no renovables de esa zona; el deber de no entorpecer las vías de solución del conflicto; y la obligación de garantizar la protección del ambiente marino.

En relación con este último punto, advirtió que las acciones británicas también podrían afectar la capacidad de la Argentina de cumplir con sus propios compromisos internacionales de conservación del ecosistema marino.

Por el momento, la delegación británica no habló. Sin embargo, este martes el gobierno de Andy Burnham rechazó que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de Hamburgo tenga jurisdicción para examinar la reclamación argentina sobre la soberanía de las Malvinas y aseguró que defenderá su derecho a realizar perforaciones petrolíferas en las islas.