Cuando tenía todo preparado para anunciar el camino de expropiación de YPF, casi llevada en andas por los gobernadores, la presidenta Cristina Fernández decidió pisar el freno, hacer un análisis más pormenorizado de la situación y recién entonces sí avanzar sobre la petrolera hispano argentina.
¿Qué pasó? Son múltiples las especulaciones. Se asegura que la presidenta consideró que haber hecho un anuncio el jueves, cuando aún no habían terminado de analizarse todas las consecuencias, habría sido una jugada carente de ´timming´, algo imperdonable en política.


La mandataria también habría notado que la resistencia internacional preparada por España podía dejar a la Argentina aún más aislada de lo que está ahora en Europa y otros lugares del mundo.


Y tampoco habría sido de su agrado cierto estilo de algunos gobernadores, incluso de uno que hasta el año pasado estaba en la vereda de enfrente y adquirió mucho protagonismo en esta ofensiva sobre la petrolera, tal vez demasiado para el paladar K.


La jefa de Estado también habría evaluado que, más allá de que YPF sea privada o estatal, demandará años revertir la fuertes necesidades de importar, y no quisiera volver a quedar en la incómoda situación que atraviesa con Aerolíneas Argentinas, un barril sin fondo de dinero de los contribuyentes que administran sin suerte sus niños mimados de La Cámpora.


Entre 2003 y 2011 la Argentina multiplicó por 16 sus necesidades de importación de combustibles, porque el crecimiento económico no fue acompañado por las inversiones en el sector petrolero.


El año pasado importó 9.500 millones de dólares en combustibles y este año va camino de los 13.000 millones, un golpe muy duro para la balanza de pagos, acompañado de una caída del 46 por ciento en las reservas de gas.


Entre las provincias también afloró el malestar, porque luego de haber hecho el trabajo sucio de quitarle áreas de explotacion a petrolera, se encontraron con que el proyecto de Axel Kicillof -apodado "El Jacobino" por algunos funcionarios que lo quieren poco- los dejaba afuera de casi todo.


Los mandatarios también se dieron cuenta de que el plan Kicillof puede complicarles el pago de regalías que en la actualidad les hace YPF religiosamente.


Antonio Brufau, el por ahora presidente de Repsol YPF, fue recibido fríamente por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y con cierta vehemencia por parte de Kicillof, quien le exigió, no en los mejores términos, que la empresa traiga el país 15.000 millones de dólares de utilidades que se llevó, según él, en estos años.


Brufau dejó una frase que sonó a advertencia: "Piensen en las consecuencias de lo que van a hacer", les dijo, antes de partir hacia España.


Cristina tiene también preocupaciones políticas: para avanzar en el proyecto Kicillof, el gobierno deberá tragarse el sapo de usar una "ley" de la última dictadura de Jorge Videla, el mismo represor que acaba de admitir y justificar la desaparición de entre 7 y 8 mil personas durante los años más duros del Proceso.


Se trata de la ley 21.499, promulgada en 1977, y que fue el sustento jurídico para expropiar empresas, viviendas -recordar la construcción de la autopista 25 de mayo-, obras, terrenos, campos y hasta maquinaria.


Esa ley se usó también para que los jerarcas del régimen dictatorial se quedaran con bienes de los desaparecidos y para que empresarios que no comulgaban con los generales, almirantes y brigadieres, lo perdieran todo.


Demasiado olor a muerte detrás de ese argumento como para que Cristina no se tome algunos días más para analizar el camino a seguir.


Pero la ley de la dictadura 21.499 es funcional a la estrategia hilvanada por el pragmático Kicillof, porque sostiene que "es susceptible de expropiación el subsuelo, con independencia de la propiedad del suelo".


Avanzar en el camino Kicillof desatará una catarata de juicios para la Argentina, como ya lo advirtió España, pero al gobierno K hace rato que dejaron de preocuparle las avanzadas jurídicas del exterior porque se considera inmune a las mismas.


Igual, la advertencia habría llegado a oídos de la presidenta de parte del secretario legal y técnico, Carlos Zannini, quien no pasaría por su mejor momento en la relación con el joven Kicillof.


Tal vez el baño de realismo que se dará Cristina en Cartagena de Indias, cuando estará cara a cara con líderes mundiales como Barack Obama, haga reflexionar a la Presidenta y elegir el camino más conveniente para el país sobre qué hacer con la principal compañía de la Argentina, y que la política petrolera pueda encontrar una senda de racionalidad.