La Oficina Anticorrupción (OA), organismo que depende del Poder Ejecutivo, ya no intervendrá como querellante en las causas penales que investigan a funcionarios y exfuncionarios públicos.

Así lo dispuso su titular, Félix Crous, que firmó una resolución que disolvió la oficina que se ocupaba de los litigios y ordenó la reasignación de todo su personal.

Durante el macrismo, la OA, encabezada por Laura Alonso, había tenido un papel muy activo como acusadora en las causas que tramitaban en los tribunales de Comodoro Py contra exfuncionarios del kirchnerismo.

Desde que asumió su cargo, Crous anunció que planeaba darle otro perfil al organismo, concentrado en "el rol preventivo", para "generar condiciones para que los hechos de corrupción no ocurran".

Sostuvo que esa es la misión central que la ley le asigna a la OA y que la OCDE, en un análisis de la situación argentina, le recomendó profundizar. En mayo pasado, el organismo dio un primer paso muy simbólico: abandon+o su rol de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, donde se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero de la familia Kirchner a través de la actividad hotelera.

En su resolución de hoy, Crous sostuvo que el Ministerio Público Fiscal -con su organismo específico de persecución de la corrupción, que es la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- es quien debe oficiar de acusador en las causas penales y que es "redundante" que lo haga también la OA. Con esos argumentos, hoy disolvió la de la Dirección Nacional de Litigio Estratégico.

"Los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia", afirmó Crous en su resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial.

rob