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23 de febrero de 2024
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Ruta K: el fiscal de la causa pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner
Guillermo Marijuan asegura que luego de diez años de investigación "no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha"
25 de mayo de 2023
Después de reiterados pedidos de Cristina Kirchner, finalmente el fiscal Guillermo Marijuan pidió su sobreseimiento en la causa conocida como la Ruta del Dinero K, donde la vicepresidenta se encuentra imputada por lavado de activos.

Es un expediente residual a aquel en el que Lázaro Báez fue condenado a diez años de prisión por haber blanqueado 55 millones de dólares.

Pese a la enumeración de argumentos bajo los cuales el fiscal afirma no haber podido probar la participación de Cristina en "esta concreta y puntual maniobra de lavado de dinero", Marijuan sumó en su dictamen un inédito trabajo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) en el que se analizaron las líneas telefónicas asignadas a la vice entre 2010 y 2013 y el cruce de las mismas con las de Báez arrojó un total de 372 comunicaciones en poco más de dos años.

Este tramo residual de la Ruta del Dinero K se centró en el vínculo con entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, "para determinar y establecer su posible coautoría o participación en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero", explica el dictamen

Con el análisis del caso, dijo el fiscal Marijuan, "no tengo duda alguna, de la estrecha y directa relación personal entre" la vicepresidenta y el dueño del Grupo Austral.

Lázaro Báez fue condenado por lavar 55 millones de dólares entre 2010-2013.

En simultáneo, celebró varios negocios comerciales con la ex Presidenta: 18 compra-venta de propiedades y terrenos, la administración y explotación de hoteles, contratos de alquiler, un terreno en condominio, contratación de habitaciones de los complejos turísticos, construcción de inmuebles. Son sólo algunos de los negocios que los unen.

Además, Báez y su entorno hicieron múltiples visitas a la residencia presidencial de Olivos en esa época.

El común denominador en todos esos negocios es Austral Construcciones, adjudicataria del 86% de los contratos viales licitados en Santa Cruz, que según la condena en la que derivó el juicio contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad, estuvieron plagados de irregularidades: direccionamiento de los concursos, falta de controles, obras inconclusas, sobreprecios promedio del 65%, circuitos exclusivos para percibir fondos por obras que no avanzaban, entre otros.

Es justamente una porción de esos fondos irregulares que, según el Tribunal que condenó a Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K, se volcaron a las operaciones de lavado.