El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal al verificar que “casi el 50% de los comedores a los que asistía el Gobierno anterior eran inexistentes y uno ‘funcionaba’ en un country”

La denuncia es por “incumplimiento a los deberes de funcionario público” y “fraude a la Administración Pública”. La legislación impone que los funcionarios que autorizaban la salida de alimentos para los sectores más vulnerables de la sociedad debían controlar a qué lugar iban la comida, quiénes eran los responsables de los establecimientos y a cuántas personas asistían. Nada de eso ocurrió.
Los datos surgen de las auditorías que realizó la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello y en este caso surgieron del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM).

De ahí surge la investigación contra el programa Argentina contra el Hambre, presentado el 8 de enero de 2020 como un plan nacional para garantizar la seguridad alimentaria a sectores vulnerables y garantizarse el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios.

Según la denuncia presentada por la secretaría legal del ministerio de Capital Humano, el proceso constaba de tres pasos resumidos de la siguiente manera: en un primer lugar la preinscripción; en segundo lugar la validación; y finalmente la matriculación.

Esta última etapa matriculaba por un lapso de dos años y requería una revalidación a partir de esa fecha, es decir, en 2022 aproximadamente. Si el comedor o merendero no era validado, no debía seguir formando parte de los beneficiarios.

El Gobierno asegura que solo pudo relevar la mitad (52,3%) de todos los comedores que aparecen en el RENACOM y que el restante 47,7% no pudo ser relevado, dado que son catalogados como “inexistentes” por distintos motivos.

Según la presentación judicial, el 32% de los comedores no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16% declaró una dirección en la que nunca funcionó un comedor/merendero.