El juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición de bienes de las personas y las cooperativas que fueron allanadas el lunes pasado en el marco de causa que investiga si referentes de movimientos piqueteros extorsionaban y amenazaban a beneficiarios de planes sociales.

Pero además el magistrado pidió al INAES (Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social), que es la autoridad de aplicación de las Leyes de Cooperativas y Mutuales, que audite el funcionamiento de las cooperativas involucradas.

La expectativa, sin embargo, es esperar al análisis de toda la documentación y pruebas que se lograron obtener en los procedimientos: los celulares serán claves

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No obstante, las defensas de los implicados ya comenzaron a moverse. Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero que no está involucrado en el expediente, dijo a este medio que los abogados recién pudieron tener acceso a la causa ayer.

Apuntan contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y cuestionan que habló de los procedimientos cuando aún no habían finalizado.

La ministra por su parte pidió ayer ser querellante en la investigación.

Sin embargo, el juez Casanello evalúa si la acepta, sobre todo porque la policía es un auxiliar de la justicia y no se explicó cuál sería el rol de víctima de esa repartición pública, señalaron las fuentes consultadas.