El anuncio del Gobierno sobre un nuevo régimen fiscal para incentivar el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al circuito formal generó una fuerte respuesta de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

Su director ejecutivo, Cristian Girard, calificó la iniciativa como un “blanqueo encubierto” y aseguró que la provincia continuará fiscalizando a los contribuyentes.

“Se presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de legalización de flujos de fondos no declarados. No apunta a los ahorros acumulados, sino a permitir que no se acumulen fondos no declarados esperando un nuevo blanqueo. La normativa penal tributaria y de prevención del lavado sigue intacta”, explicó Girard en declaraciones a la prensa.

Las medidas forman parte del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, presentado por el Gobierno el jueves pasado. Incluyen la eliminación de ciertos regímenes de información, la suba de umbrales en otros, y un proyecto de ley que enviará el Ejecutivo al Congreso para “proteger a los ahorristas” de futuras gestiones.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, los contribuyentes podrán realizar gastos por hasta $50 millones mensuales (alrededor de u$s40.000) sin ser reportados al fisco nacional.

Desde ARBA aclararon que las medidas nacionales no afectan las normativas tributarias provinciales ni las obligaciones de los contribuyentes bonaerenses. Además, remarcaron que los regímenes de información siguen vigentes y que la estrategia de fiscalización no sufrirá cambios sustanciales.

“No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva. Es un manotazo de ahogado para intentar acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”, agregó Girard.

El funcionario también advirtió que, si una persona adhiere al nuevo régimen y luego se comprueba que usó fondos de origen ilícito, se aplicarán las sanciones previstas en la normativa vigente.

“Esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal. Lo único que cambia es que ARCA deja de controlar, lo cual es una decisión política de alto riesgo”, sostuvo.