Cristina Kirchner ya pídió el arresto domiciliario.

Lo hizo su abogado, Carlos Beraldi.

Le solicitó al juez Jorge Gorini -responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad- el arresto domiciliario para la ex vicepresidenta.

Debe cumplir, tras la confirmación de la sentencia condenatoria, seis años de cárcel por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En su presentación, Beraldi fijó el domicilio de San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires, cerca de la casa de su hija Florencia Kirchner, en el barrio porteño de Constitución.

Además, solicitó al magistrado que no se le coloque a su defendida una tobillera electrónica y mantener al personal que actualmente la custodia.

El abogado fundamentó su pedido de detención domiciliaria en el hecho de que, como ex presidenta, Cristina “tiene secretos de Estado”, además de que “sufrió un intento de homicidio”, en referencia al atentado del 1° de septiembre de 2022.

Igual, le correspondería esa posibilidad por ser mayor de 70 años, ya que cumplió 72 en febrero último.

La solicitud de la defensa se sustenta, en primer término, en la edad de la ex presidenta. El Código Procesal Penal contempla ese beneficio para personas que tienen más de 70. Pero no es una obligación concederla, sino una potestad del juez de Ejecución.

Después de la notificación de que el jueves 19 de junio los nueve condenados deben presentarse en Comodoro Py para hacerse efectiva la detención que es resultado inmediato de la condena confirmada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, la defensa jugó inmediatamente lo esperado: el pedido de la morigeración de la pena.

Frente al criterio aplicado por el juez Gorini, los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola pidieron la inmediata detención de la ex vicepresidenta y los demás acusados.

“La falta de reacción sancionatoria inmediata -es decir, la no ejecución de una pena que también estigmatice como incorrecto el comportamiento de las personas que han sido condenadas- podría llevar a percibir que las disposiciones de derecho interno y del sistema internacional enderezadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos- o, al menos, para algunos de ellos”, sostuvieron.

En principio, el magistrado a cargo de la ejecución de la pena mantendrá su primera medida: esperar cinco días hábiles desde la notificación para que los imputados se presenten en los Tribunales de Retiro.