En lo que algunos dirigentes ibéricos ya empiezan a llamar "kirchnerismo español", funcionarios del gobierno socialista de Pedro Sánchez son investigados por el presunto pago de coimas por la adjudicación de obras públicas por más de 600 millones de euros.

Se trata del denominado "caso Koldo", un equivalente a lo que en la Argentina se denominó Causa Vialidad. Es decir, beneficiar desde altos cargos del gobierno a empresarios afines con el fin de resultar adjudicatarios para hacer obra pública, a cambio de un diezmo para los bolsillos de los funcionarios involucrados. Casi igualito al caso de los Kirchner con Lázaro Báez.

Medios españoles como La Razón reportaron que el Tribunal Supremo de España ya ve indicios consistentes de que tanto Isabel Pardo de Vera, siendo presidenta del órgano administrador de infraestructura ferroviaria (Adif), como Javier Herrero, cuando era director general de Carreteras, habrían participado en la adjudicación arreglada de una serie de obras públicas que fueron a parar a determinadas empresas.

A cambio, estas constructoras presuntamente pagaron coimas al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su mano derecha, Koldo García, como dos de los principales miembros de la denominada trama Koldo.

El juez Leopoldo Puente dijo que tanto Pardo de Vera como Herrero habrían ayudado a Ábalos y, por extensión, a su asesor Koldo, a asegurar el destino de once licitaciones millonarias de la administradora pública de infraestructuras ferroviarias y de Carreteras.

En consecuencia, el juez reclamó a la Adif la entrega, en un plazo de 15 días, de toda la documentación sobre unas actuaciones en infraestructuras ferroviarias, que rozan, en conjunto, los 342 millones de euros de dinero público.

Pero los acontecimientos se precipitaron y fue la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que acudió personalmente a registrar las oficinas de Adif en busca de los papeles solicitados.

Lo mismo ocurrió con la dirección general del Ministerio de Transportes, donde también la Guardia Civil fue a recabar los expedientes de seis obras en vías de todo el país, y que suman 350 millones de euros del erario público adscrito al citado ministerio.

Respecto a las de Adif, en primer lugar, el juez instructor del «caso Koldo» pone el foco en la integración del ferrocarril en la localidad barcelonesa de Sant Feliu de Llobregat. Para su ejecución fue elegida la empresa Acciona, y se le pagaron 62 millones de euros.

La siguiente de la lista es una obra para realizar un soterramiento en el barrio de Santiago El Mayor de Murcia, que también se llevó Acciona, pero formando una Unidad Temporal de Empresas (UTE) con Ferrovial, otra de las empresas "amigas" del gobierno español. El importe fue, en este caso, de 158 millones que salieron de fondos estatales, reportan medios ibéricos.

Otra de las adjudicaciones en que habría comisiones ilegales de por medio también fue entregada a la citada UTE de Acciona y Ferrovial para llevar a cabo trabajos en Murcia.

Adif licitó la construcción de una plataforma en el corredor mediterráneo, específicamente en el tramo que va de Pulpí a Vera, en el camino de Murcia a Alicante, y por valor de 121 millones.

El cuarto contrato investigado versa sobre unas actuaciones en el tramo que va de la localidad lucense de Monforte a la capital, que se entregó a la UTE que conformaron Obras Públicas y Regadíos y ASCH Infraestructuras.

Se da la casualidad de que la que era presidenta del ente estatal, Pardo de Vera, es natural de Lugo, señala La Razón.

La última de las cinco obras que analiza ahora el Supremo fue tramitada como «de emergencia», y afecta a una línea vial de Asturias, por un importe de casi medio millón de euros. Levantina fue la adjudicataria elegida.

En cuanto al segundo grupo de las que dio Carreteras, las licitaciones bajo sospecha son, para empezar, una que el departamento de Herrero concedió a Acciona en UTE junto a Aquaterra, en la que medió un presupuesto superior a los 92 millones de euros, para unos trabajos en la autovía A-68, a la altura de la capital riojana de La Rioja.

En otra de las investigadas, de nuevo, se le dio un encargo a Acciona (formando unión con Tecade y Freyssinet) para que, a cambio de 100 millones de euros, actuase en un puente de la autovía sevillana SE-30.

El listado de contrataciones públicas que rastrea el alto tribunal de Carreteras lo completan dos en el norte del país. Una, en Galicia, para llevar a cabo trabajos en la A-12, en la que la mercantil agraciada fueron (en UTE) Levantina, Ortiz Construcciones y Proyectos, Ingeniería y Construcción y Torrescamara. Se desembolsaron desde la Administración casi 72 millones y medio de euros.

La otra, una adjudicación a ejecutar en Asturias, que se dio a Obras Públicas Regadíos y a Construcciones Pérez Jiménez, supuso una inversión de siete millones para mejorar la A-63.

También figura una obra de conservación de unas carreteras de la provincia aragonesa de Teruel, a lo que se dedicaron 5 millones y medio de euros que fueron a parar, otra vez, a Levantina en colaboración con Marco Infraestructuras y Medio Ambiente.

El último de los encargos públicos que licitó Carreteras, con Herrero al frente, y en los que la Justicia escarba, se refiere a unas vías de circulación situadas en Úbeda (Jaén) que acabaron en manos de Obras Públicas y Regadíos. Se le pagaron más de 70 millones.