l Senado sancionó esta tarde la denominada ley de Inocencia Fiscal II, norma que busca flexibilizar el régimen de regularización de ahorros y relajar los límites para el ingreso de contribuyentes al régimen simplificado de ganancias (RSG).

La norma fue sancionada por 44 votos a favor, aportados por el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista, y 23 en contra, todos del bloque kirchnerista.



El proyecto de Inocencia Fiscal II es impulsado por el Poder Ejecutivo y fue aprobado por Diputados a fines de agosto último.

En su paso por la Cámara baja, se prohibió de manera taxativa que los funcionarios públicos puedan acceder al régimen, una cláusula inspirada en Manuel Adorni y los avatares patrimoniales del exjefe de Gabinete.

Sin embargo, el jefe de la bancada kirchenrista, José Mayans (Formosa), dijo que “esta ley no es para los trabajadores” sino que “está pensada en Adorni” y que si el Gobierno apura la sanción de la norma es para favorecerlo y que por eso el exfuncionario demora la presentación de su declaración jurada ante la Justicia que lo investiga por enriqeucimiento ilícito.



“Esta es la ley Adorni, es para la hermana (Karina Milei), para el Presidente; esta ley es para los que evadieron, porque a partir de acá no tiene razón hacer declaraciones juradas ya que desaparecde el delito de evasión”, denunció el formoseño.

Le respondió la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), quien aseguró negó que el sistema beneficie a funcionarios y a los grandes contribuyentes y lo calificó como un “sistema inteligente que va a saber distinguir lo que es un fraude de lo que es un error mínimo o formal, una divergencia mínima en una declaración jurada”.

“Ni el Presidente de la Nación ni ningún funcionario ni todos los que estamos en este recinto vamos a poder usar este mecanismo”, insistió Bullrich.

En ese sentido, la senadora se preocupó por diferenciar la política del Gobierno libertario con la de aquellas que, dijo, “hicieron un negociado con obras que los argentinos hoy no tenemos”, en lo que pareció una alusión a la expresidenta Cristina Kirchner, que purga condena de prisión por corrupción en kla administración de Estado.

Según los argumentos del oficialismo, la norma apunta a disminuir las exigencias informativas para los contribuyentes, ofrecer mayor previsibilidad frente a eventuales controles y permitir la regularización de inconsistencias tributarias sin que ello suponga la pérdida de beneficios.

Así lo dijo el miembro informante de La Libertad Avanza, Bruno Olivera Lucero (San Juan), al defender el proyecto en el inicio del debate. “Lo más humano que tiene el proyecto es que simplifica el trámite” para la regularización impositiva.

“Acá no hay problema constitucional, se aplica el principio de igualdad y no afecta la capacidad de pago de los contribuyentes”, agregó.

Uno de los cambios centrales es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen el acceso al régimen. Si la reforma se aprueba, podrán incorporarse contribuyentes con residencia fiscal en el país sin quedar excluidos por superar determinados umbrales, lo que expandiría de manera considerable el alcance del sistema simplificado.

La iniciativa, además, modifica el margen de intervención de ARCA para cuestionar declaraciones.

El organismo solo podría objetarlas cuando identifique diferencias relevantes y debidamente fundadas, con un criterio asociado al impuesto determinado y no al saldo final a pagar. También se habilita la rectificación de declaraciones sin exclusión automática del régimen, siempre que el contribuyente regularice su situación.

El tramo más controvertido de la propuesta se concentra en sus consecuencias políticas y fiscales. Para el Gobierno, la norma apunta a construir un vínculo menos sancionatorio entre el fisco y los contribuyentes, además de incentivar el ingreso de fondos al circuito formal.

Sus detractores, en cambio, sostienen que el texto funciona como un blanqueo encubierto y que podría convertirse en un instrumento de alivio tributario demasiado amplio, con ventajas para sectores de mayor capacidad económica y un eventual efecto negativo sobre la recaudación.

Media sanción al marco regulatorio de Biocombustibles


El Senado de la Nación aprobó y giró a Diputados un proyecto de ley que busca establecer un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles que eleva la cuotas de corte en un régimen de transición hasta 2036, fecha en la que debería liberarse la libre competencia en el mercado. En la votación en general dividió al recinto de manera transversal y terminó con 41 votos a favor y 25 en contra.

El propósito central de la normativa apunta a incentivar las inversiones, consolidar la seguridad energética del país y promover una transición progresiva del sector hacia un mercado más competitivo, transparente, desregulado y ambientalmente sostenible.

Sin embargo, el proyecto divide a los bloques políticos de manera transversal, según intereses regionales. Así, el texto fue cuestionado con dureza por los legisladores de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires.

Las voces críticas a la iniciativa advirtieron que las regulaciones que contempla el texto atentan contra los pequeños productores y que llevará a la concentración del mercado en manos de las grandes compañías del sector, en especial a las aceiteras de las provincias de Santa Fe y Córdoba.




El proyecto declara de interés público la fabricación, el almacenamiento, la mezcla, la comercialización y el autoconsumo de biocombustibles en todo el territorio nacional.

Uno de sus motores operativos fundamentales consiste en fijar incrementos obligatorios y escalonados en los porcentajes de mezcla con los combustibles fósiles tradicionales.

En el caso del gasoil o diésel, la norma establece un corte mínimo inicial obligatorio del 7,5% de biodiesel, cuota que se elevará al 10% una vez transcurridos doce meses desde la promulgación de la ley.

Por su parte, para las naftas se fija un corte obligatorio inicial del 12% de bioetanol -respetando una cuota equitativa del seis por ciento para el producido a partir de caña de azúcar y un seis por ciento derivado del maíz-, porcentaje que ascenderá al 15% al cumplirse el primer año de vigencia del nuevo marco regulatorio, quedando el remanente libre para ser completado con cualquier otra materia prima renovable.

La propuesta fue defendida por la senador Flavia Royón (Primero los Salteños), presidenta de la Comisión de Minería y autora de una de las iniciativas que se tuvieron en consideración para alcanzar el dictamen que se discutió en el recinto.