En una polémica iniciativa que restringiría la privacidad y el derecho a la intimidad, la Casa Blanca busca obligar a los operadores de Internet a que le permitan la lectura abierta de mensajes de chat y correos electrónicos encriptados.

El diario The New York Times informó ayer que también las llamadas telefónicas y videoconferencias por Internet podrán ser monitoreadas por las agencias de seguridad y de espionaje del país con la misma facilidad que en el caso de las llamadas por red fija o telefonía celular.

Los desarrolladores de comunicaciones en la red deberán instalar en sus servicios una especie de puerta trasera virtual a través de la cual las autoridades norteamericanas puedan acceder a las conversaciones orales y por escrito en los chats.

El proyecto de ley se aplicará a todas las firmas que ofrezcan sus servicios en Estados Unidos. En el caso de las empresas extranjeras, éstas serán obligadas a abrir una oficina en territorio norteamericano.

Eso incluiría a los proveedores de correos electrónicos cifrados como los que utilizan los smartphones BlackBerry, las redes sociales como Facebook y los servicios de comunicación directa como Skype.

La iniciativa legal será sometida a votación en el Congreso el año próximo, según sostiene el diario. El proyecto ha desatado fuertes críticas entre los defensores del secreto de la información y expertos norteamericanos.

Los representantes de las fuerzas de seguridad e inteligencia, en cambio, consideran las medidas planeadas como ineludibles, ya que las normativas vigentes hasta ahora para las escuchas de sospechosos de terrorismo ya no se corresponden con la realidad tecnológica.

De hecho, la iniciativa trata de dar respuesta a la preocupación de las autoridades por la forma cada vez más inadvertida y compleja en la que los terroristas y criminales se comunican y preparan sus acciones.

El FBI, que depende del Departamento de Justicia norteamericano, denomina este tipo de prácticas going dark, que significa que los sospechosos actúan en las sombras. Numerosos operadores ofrecen en todo el mundo conversaciones privadas a través de correos electrónicos encriptados, en chats cerrados o en redes sociales. En muchos casos las autoridades no logran acceder a los datos, o si lo hacen no ocurre hasta semanas o meses después.