Otra vez el Gobierno nacional embiste contra las consultoras privadas porque no miden la inflación como el bochornoso Indec K. Ahora, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, intimó a las consultoras económicas a que le detallen la información que le brindan a la Justicia sobre la inflación que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no refleja, en una estrategia que desde el Poder Judicial ya comienzan a observar con preocupación.

"En función de la información que es de público y notorio conocimiento, se intima a que informen en 48 horas nombres y juzgados a los que proporcionaron información, junto con la información brindada", reza el mensaje del organismo que comanda Guillermo Moreno.

Es otro capítulo más de la batalla que se inició hace unos meses al comenzar un juicio administrativo para multar a las consultoras sobre la base de presuntas "inexactitudes y engaños" que violarían la ley de lealtad comercial, sancionada en la última dictadura. Ambas acusaciones, justamente, pesan sobre las cifras elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) desde 2007.

Mientras el Gobierno sigue sin responder al informe de las universidades nacionales sobre el Indec y retrasó la convocatoria a la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que invitó en 2010, avanza en este frente para desacreditar a las consultoras.

"Es una grosería porque se meten con la justicia", indicó al diario La Nacion Jorge Todesca, presidente de Finsoport, una de las consultoras que recibió esta exigencia.

El cruce se produce a pocos días de que las consultoras informen una suba de precios para febrero cercana al 1,5%, luego del 2% de enero (frente al 0,7% del Indec).

Sus palabras coinciden con una calificada fuente judicial que calificó la intimación oficial de "un disparate" y también con la opinión de tres abogados, que afirmaron que es "anticonstitucional y refleja un intento del Gobierno de avanzar sobre la Justicia". Así lo indicaron los abogados Daniel Sabsay, Gregorio Badeni y Ricardo Monner Sans.

"Es una solicitud que no corresponde porque está actuando otro poder del Estado. Es otra señal grosera de acoso a la Justicia, y las consultoras deberían pedir instrucciones en los juzgados que les piden datos para ver cómo actuar", indicó Sabsay.

Monner Sans consideró que la intimación de Moreno "viola el secreto profesional y constituye una intrusión indirecta del Ejecutivo sobre la Justicia". Además, opinó: "Las consultoras podrían tener derecho a una medida precautoria y luego a un amparo, para que el Ejecutivo se abstenga de reclamar quiebres de confidencialidad que reflejan una inconstitucionalidad manifiesta".

En tanto, Badeni afirmó: "Como toda actividad privada, la tarea de las consultoras está amparada por confidencialidad, a menos que un juez pida lo contrario, pero una dependencia del Ejecutivo no puede pedir esa información. Además, las consultoras están ejerciendo la libertad de expresión al informar estos datos; si incurren en un error, en la medida que no afecte derechos subjetivos, no pueden ser sancionadas".