El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni definió como un "disparate" la llamada "ley antiterrorista" y consideró que es "una extorsión" por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aunque el Gobierno rechazó hoy los cuestionamientos y señaló que "hay una intencionalidad de distorsionar" la norma.

"Es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas", enfatizó Zaffaroni, quien consideró que "para nada" la Argentina necesita una norma como la que aprobó el Senado esta semana.

El magistrado dijo que el GAFI recomendó que esta ley se transforme en obligatoria", pero advirtió que "en algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos".

"En el país no necesitamos esta ley antiterrorismo", remarcó el juez de la Corte respecto de la norma, que no sólo fue resistida por la oposición, sino que también criticada por organismos de derechos humanos afines al oficialismo, a partir de los alcances que podría tener a futuro en la criminalización de la protesta social.

Para Zaffaroni, el GAFI "nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes nos va a sancionar económicamente" y que "este organismo se ocupa solamente de garantizar que el lavado de dinero se haga en el hemisferio norte".

Sin embargo, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, rechazó este viernes los cuestionamientos a la nueva legislación, señaló que "hay una intencionalidad de distorsionar" la norma y negó que vaya a ser aplicada contra protestas sociales o medios de prensa, tal como había señalado este jueves el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.

"Eso es un disparate. Tiene mala intención quien lo dice", respondió Randazzo luego de que Sbattella asegurara que los medios podrían ser acusados de "aterrorizar a la población" en caso de difundir noticias que puedan provocar un retiro masivo de depósitos.

El titular de la cartera política indicó que "la ley es muy clara respecto al objetivo que persigue" e insistió: "En este país cada uno dice lo que quiere sin ningún tipo de límite y muchas veces se dicen cosas poco serias y ciertas".

"La ley es precisa y contundente respecto del ejercicio de derechos constitucionales como el derecho a la información. Mucho menos puede decirse que esto está vinculado a la protesta social", sostuvo el ministro tras participar del acto de lanzamiento del Operativo Integral de Seguridad Vial-Verano 2012 en el Peaje de Hudson.

Randazzo consideró que existe "intencionalidad de distorsionar el sentido de la ley, que de ninguna manera está vinculado a los derechos esenciales, derechos constitucionales".

A propósito, el funcionario ratificó la postura oficial de "no criminalizar la protesta social", tras considerar que a una década del estallido social de 2001 "estamos transitando otra Argentina con un crecimiento sostenido en los últimos años".