Con un spot en Fútbol para Todos, la Casa Rosada anunció que el 7 de diciembre planea quitarle licencias audiovisuales al Grupo Clarín.

Lo hará pese a que está vigente una medida cautelar avalada por la Corte Suprema que protege la legalidad de los medios de comunicación y a que está en pleno trámite un juicio de fondo por la inconstitucionalidad de esta normativa. Todos los constitucionalistas coincidieron que ese día no debe suceder jurídica ni fácticamente nada con los medios del Grupo.

El Gobierno dijo que esas licencias se entregarían a otros medios a través de un “concurso público”, anunció la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), a través de un video de cuatro minutos y medio emitidio varias veces en los partidos del Fútbol para Todos.

El anuncio llegó nueve días después de que los medios de Grupo Clarín fueran casi los únicos que cubrieron las masivas movilizaciones y cacerolazos contra el Gobierno.

Los medios paraoficialistas que obedecen órdenes de la Casa Rosada no emitieron o minimizaron esas protestas.

El video que se está emitiendo en los espacios de publicidad oficial del Fútbol para Todos está firmado por AFSCA, a pesar de que el organismo de aplicación de la ley de medios está acéfalo, porque desplazaron esta semana su presidente Santiago Aragón, para colocar allí al diputado Martín Sabbatella, quien aún no asumió.

AFSCA sostuvo que el Grupo Clarín es “una verdadera cadena nacional ilegal” y que si antes del 7 de diciembre no reduce la cantidad de medios que posee, “el Estado argentino se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares”. Según AFSCA, “el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación”. Es que si a esa fecha no está resuelto el juicio de fondo, donde se discute la inconstitucionalidad de los artículos 161 (desconocimiento de las licencias vigentes) y 45 (régimen arbitrario y discriminatorio de licencias), puede prolongarse la medida cautelar. Esto lo dijo la propia Corte Suprema en el fallo del 22 de mayo.

Pero si para diciembre no se terminara el juicio de fondo, ni se prolongara la cautelar, en el peor de los casos, ese día recién entraría a regir para el Grupo Clarín el artículo 161, que establece un año de plazo para la llamada adecuación. Ese año incluso fue reglamentado por el Gobierno y el AFSCA, a través de un decreto y dos resoluciones. Y con ese año, como mínimo, cuenta el Grupo Clarín para obtener una sentencia de fondo de inconstitucionalidad.