Impaciente por cumplir el cometido que le ordenó Cristina Fernández, el titular del Afsca, Martín Sabbatella, ratificó que el 7D vence el plazo para que los diferentes grupos mediáticos se adecúen a la nueva legislación y que el gobierno no está dispuesto a esperar el fallo del juez Horacio Alfonso, quien tiene a cargo la estratégica causa sobre la medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín por considerar inconstitucional que se lo obligue a vender sus medios.

Igual, en lo que es un contrasentido, Sabbatella rechazó que esté en evaluación intervenir alguna empresa del Grupo Clarín, cuando ya habría circulando órdenes a la Gendarmería para hacerlo. Así, a días de que la Corte Suprema exigiera al juez de primera instancia fallar sobre la cuestión de fondo en la Ley de Servicios Audiovisuales, el solícito Sabbatella insistió en que el límite para la aplicación plena de la Ley es el 7 de diciembre, cuando vence la medida cautelar otorgada al grupo Clarín.

El titular de la AFSCA cuestionó que "sólo uno de los grupos se ha negado a la adecuación a la norma", y dijo que "así, no está queriendo cumplir con la ley".

“Vencen los plazos para la adecuación voluntaria. Todos los grupos deben presentar el plan para la adecuación voluntaria. Esperamos que todas las empresas lo hayan presentado porque la ley es para todos”, dijo Sabbatella, aunque por sus dichos está claro que habrá grupos sobre los cuales está dispuesto a hacer la vista gorda, a tal punto que niega que Telefónica sea accionistas de Telefé. Pese al rechazo del poderoso grupo Clarín de adecuar sus licencias a lo que marca la nueva norma, Sabbatella dijo que "no está previsto" nombrar un interventor en alguna de las empresas de ese multimedios.

Sabbatella, ex intendente de Morón y de licencia como diputado nacional, aclaró que por ahora "no está previsto en el primer paso" una intervención, pero dijo que eso se matendrá "mientras el titular actual cumpla con el mantenimiento del servicio, de los bienes y de las fuentes de trabajo mientras se lleva adelante el proceso de transferencia".

Acusó a Clarín de "generar un clima y un relato para construir una opinión alrededor de su estrategia de no cumplir la ley".