La Corte Suprema de Justicia dictó hoy otro fallo favorable a la Editorial Perfil en su reclamo contra el Estado por discriminación en la distribución de publicidad oficial en los medios.

El Tribunal consideró "inadmisible" un recurso extraordinario planteado por el Estado contra la resolución de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Ese fallo, emitido en marzo de 2011, había establecido un esquema de distribución de la pauta oficial en tres publicaciones de la Editorial Perfil.

La Corte ordenó que el gobierno de Cristina Fernández suministre publicidad oficial a tres publicaciones de la empresa, para lo cual deberá presentar un esquema de distribución, de acuerdo con las analogías entre los medios.

El seguimiento de ese esquema estará sujeto al "control judicial", según el Centro de Información Judicial.

En marzo de 2011, la Corte había ordenado al Gobierno brindar al editorial perfil publicidad oficial, y el juez de primera instancia le dio la razón al medio a la hora de la ejecución de aquel fallo.

La editorial Perfil pretende que la publicidad asignada al diario homónimo sea similar a la de los periódicos Página 12, Tiempo Argentino y Miradas al Sur; que a la revista Noticias se otorgue el mismo monto que recibe Veintitrés, Debate, Newsweek y El Guardián, y que la revista Fortuna reciba el mismo trato que a Apertura, Gestión y Mercado.

En la causa el Estado sostuvo que el criterio de asignación de avisos debía tener en cuenta analogías en materia de extensión, contenido, frecuencia, precio de tapa, zona de influencia, y público, entre otros factores.

Ante el fallo de segunda instancia de la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario el Estado apeló, y ahora la Corte Suprema rechazó ese recurso extraordinario.

Por otra parte, el máximo tribunal le ordenó al PAMI otorgar información sobre cómo distribuye su publicidad, a pedido de una ONG y por la cual tiempo atrás se realizó una audiencia pública.

La Corte hizo lugar al reclamo de la la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que había reclamado información sobre la distribución de publicidad que hizo el PAMI en dos períodos.