Para el Gobierno nacional, si la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial prorroga la medida cautelar en favor del Grupo Clarín en la causa por la ley de Medios estaría cometiendo un "alzamiento", según advirtió el ministro de Justicia, Julio Alak, quien utilizó el mismo término con que se denominó a los movimientos carapintada contra los gobierno de Raúl Alfonsín y Carlos Menem entre 1988 y 1991.

Así, el Gobierno redobló la presión sobre los jueces de Cámara que deben fallar sobre la Ley de Medios, a los que también pretende apartar a toda costa, como si en ello fuera la propia supervivencia de la República.

Alak lanzó una dura advertencia sobre los jueces al sostener que “una supuesta posibilidad de que esta Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial con integrantes recusados por el Estado se integren y pretendan extender la cautelar sería un alzamiento contra una ley de la Nación y una burla a la voluntad popular”.

La Corte Suprema había reclamado que el juez de primera instancia Horacio Alfonso dictara lo antes posible, dentro de los plazos procesales, una sentencia de fondo en la causa iniciada por un planteo de Clarín por la supuesta inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios.

En ese mismo fallo, pidió que se pusiera orden a la situación de la Sala I del fuero Civil y Comercial Federal y que se dejaran de lado las maniobras que vienen dilatando la causa.

La Cámara rechazó esta semana las recusaciones que había presentado el Gobierno contra algunos de sus miembros, pero la Cristina Fernández volvió pedir el apartamiento de esos magistrados a través de una “presentación de revocatoria y nulidad” del rechazo a la revocatoria.

La Corte también se excusó de fallar sobre una eventual prórroga de la cautelar que mantiene suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios (el referido a la desinversión) y dejó esa decisión en manos de la Cámara.

Según Alak, si la Cámara decidiera prorrogar esa medida, estaría cometiendo un "alzamiento” y “crearía un conflicto de poderes” con el Legislativo.