Lo del intendente de Bariloche, Omar Goye, fue la crónica de una muerte anunciada. En este caso, una suspensión, decidida por el Concejo Deliberante por exigencia directa de la presidenta Cristina Fernández, quine le reprocha haber dejado que se produjeran saqueos que se propagararon a medio centenar de ciudades en distintos puntos del país.

El intendente fue suspendido por decisión del Consejo de la ciudad, que votó en su gran mayoría (10 a 1 terminó la votación) por darle curso al proceso de revocatoria. La sesión comenzó a las 9,30 de la mañana en la sala principal del Concejo Municipal, en una mañana cargada de tensión y con más de 30 efectivos policiales que custodiaron el frente y las calles aledañas al edificio.

Ni Goye ni sus funcionarios participaron de la sesión extraordinaria.

La presidenta del organismo, María Eugenia Martini (FpV), se pondrá al frente del gobierno, con una alta imagen positiva.

Peronista K, de 42 años, sólida formación profesional y trato amable y llano, más cerca del gobernador Alberto Weretilneck que del senador Miguel Pichetto, la mujer tendrá apoyo político y económico de Nación y provincia que se le había negado a Goye.

“No somos ni golpistas ni somos traidores”, se defendió Martini en un momento de su participación durante el encuentro que acaba de concluir.

Los motivos de la sspensión fueron “Ineptitud”: debido a sus “recurrentes ausencias por viajes” (90 días fuera de la ciudad sobre 242 días hábiles en 2012 con un gasto de 75.000 en viáticos), “Irregularidad en el desempeño de sus funciones”: por las irregularidades detectadas en el manejo de fondos de las cajas chicas del municipio, “Negligencia”: para la consecución de los recursos propios del municipio” (por no llevar a buen puerto un contrato de publicidad en vía pública que le hubiera generado al municipio 4 millones de pesos), “Irregularidad del desempeño”: por la posible comisión de delito de acción pública” por el pago retroactivo de sueldos a más de 20 funcionarios, “Irregularidades en contrataciones del Estado”: incumpliendo con los procedimientos obligatorios de licitación pública, “Falta de transparencia”: por parte de un gobierno que vedó el acceso a las resoluciones y “Flagrante falta de aptitud” para la resolución de la administración de la cosa pública”.