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Contra reloj: 30 días para evitar el default
Comienza a regir el plazo de 30 días para encontrar un acuerdo con los holdouts. Economistas recomiendan alcanzar una cuerdo. El país sigue publicando solicitadas en EE.UU.
30 de junio de 2014
A partir de este lunes empezará a correr para la Argentina un período de 30 días de gracia durante el cual el Gobierno debe lograr un arreglo en la negociación con los holdouts que obtuvieron un fallo a su favor de la justicia norteamericana. El objetivo es evitar que el país caiga en un default técnico de su deuda pública.

El compás de espera se abrió luego de que el juez neoyorquino Thomas Griesa ordenara el viernes que los fondos que había depositado un día antes el gobierno argentino en las cuentas del Bank of New York Mellon (BoNY), para pagarles hoy a bonistas en situación normal de pago, sean devueltos al país.

Como Griesa no embargó los fondos , evitó que el país cayera en default e indirectamente dio más plazo para la negociación entre las partes.

En ese contexto, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó para hoy a una "reunión extraordinaria" de su Consejo Permanente ante un pedido del gobierno argentino al secretario general, el chileno José Miguel Insulza, para informar sobre la reestructuración de la deuda en el marco del litigio contra los fondos buitre.

La reunión se hará hoy, a las 11 (hora argentina), en la sede de la organización en Washington. De ser concedida esa solicitud, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que buscará llevarse adelante el jueves, a las 16 (hora de la Argentina), contará con la presencia y exposición del canciller Héctor Timerman y del ministro de Economía, Axel Kicillof, según indicó la OEA a través de un comunicado.

Ante esta nueva instancia, durante el fin de semana se multiplicaron las voces de dirigentes empresariales, economistas y políticos que alertaron sobre las consecuencias que tendría para el país una nueva cesación de pagos.

"Lo único que tenemos que evitar, como la peste, es el default real o técnico", sostuvo el ex presidente Fernando de la Rúa, porque consideró que eso "sería muy malo para el país".

En la misma línea se pronunció el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, que sostuvo que era "muy importante que la Presidenta salga cuanto antes del error en el que ha caído al echarles la culpa de lo que está aconteciendo al blindaje de 2000 y al megacanje de 2001", y alegó que esas operaciones "fueron formas inteligentes de evitar el default y prepararon el terreno para una reestructuración de la deuda pública que podría haber sido completa, exitosa y sin secuelas judiciales posteriores".

Por su parte, el economista Daniel Marx, director de la consultora Quantum, advirtió que "si en un mes no hay acuerdo con los holdouts la cosa se va a poner extraordinariamente más complicada".

Para el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, a la situación con los acreedores que permanecen en default se llegó porque el Gobierno manejó las decisiones de la reestructuración de la deuda "con soberbia" y con funcionarios que "no estaban a la altura de esta negociación".

El diputado nacional Claudio Lozano, en tanto, propuso separar al Banco de Nueva York de la negociación. "Eso permitiría nombrar al Banco Central o al Banco Nación como agente de pago" y "en ese momento se puede hacer por contrato lo siguiente: llamar al conjunto de los bonistas para hacer una asamblea y proponerles (pagarles) en sede local. Ésa es la salida que tiene la Argentina para no reconocer un fallo que tiene un efecto que incrementa de manera absolutamente imposible el endeudamiento del país", sostuvo.

Mientras corren los plazos para evitar un nuevo default, el gobierno argentino parece haberle tomado el gusto a publicar solicitadas en diarios de Estados Unidos. Según el portal de la Presidencia, las publicaciones fueron difundidas en The New York Times y otros diarios de ese país para resaltar que la Argentina "está dispuesta a pagarles al 100% de los tenedores de bonos", pero de una manera "justa, equitativa y legal", y cargó contra "una arbitraria prohibición de pago" ordenada por la Corte.