Con advertencias dramáticas, la Argentina le pidió al juez Thomas Griesa que vuelva a poner en suspenso su mandato judicial de pago a los llamados fondos buitre, con el propósito de proteger bajo un "paraguas legal" las negociaciones con esos grupos de acreedores.

tsEl gobierno argentino sostuvo que, de otro modo, un acuerdo por la deuda antes de 2015 es inviable, por ser demasiado riesgoso para el país.

Horas antes de la audiencia clave que se hará hoy en el tribunal de Griesa, en la que puede definirse el destino de los pagos de la deuda, los abogados de la Argentina presentaron un documento de 17 páginas en el que le solicitan al juez que vuelva a aplicar la medida cautelar, o stay, y ponga en suspenso el mandato judicial que fuerza al país a pagarles a los holdouts junto al resto de los acreedores.

El documento, elaborado por los abogados de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, marca la postura del país en la búsqueda de una solución al problema de la deuda cuando sólo faltan nueve días para que expire el período de gracia en que se debe cancelar el último vencimiento.

Una "resolución global", afirma el escrito, debe incluir a todos los holdouts y no sólo a los litigantes, y debe ser consistente con las otras obligaciones contractuales del país, incluida la cláusula RUFO (que habilita a los bonistas del canje a reclamar si se le paga más a otro acreedor), ahora en el centro de la disputa entre el Gobierno y NML, el fondo que lidera la ofensiva judicial contra el país.

Según el Gobierno, un acuerdo que "dispare" la RUFO -vence el 31 de diciembre- generaría reclamos "por miles de millones de dólares" de los bonistas.

Además, podría llevar a los funcionarios argentinos -por ejemplo, al ministro de Economía, Axel Kicillof, y su equipo- a enfrentar cargos penales y juicios políticos, tal como ocurrió con quienes participaron del megacanje negociado por Domingo Cavallo en 2001.

La cláusula RUFO le impide al país hacer un canje con los holdouts "voluntariamente" sin extender los mismos beneficios a los acreedores que participaron de los canjes de 2005 y 2010. Esa cláusula vence en diciembre de este año, y, por eso, los abogados del país no escatimaron advertencias respecto de los costos potenciales para la Argentina de cerrar un acuerdo antes de 2015 con los demandantes.

"En vista de la magnitud de las posibles consecuencias de la activación de la cláusula RUFO, incluso una pequeña probabilidad de activarla hace que el riesgo sea inaceptable", afirma el escrito presentado ayer ante Griesa. Fuentes del Ministerio de Economía aclararon en Buenos Aires que el texto fue presentado "en apoyo de los terceros que protagonizarán la audiencia", porque de hecho no habrá representantes oficiales allí.

Con todo, los abogados de Cleary no ofrecieron una cifra precisa del riesgo inherente a una activación de la cláusula RUFO. Ese riesgo, además, es motivo de debate: algunos creen que el lenguaje de la cláusula es lo suficientemente claro como para impedir su activación ante un acuerdo forzado por una sentencia de la justicia norteamericana, muy diferente de una oferta voluntaria como las de los canjes de deuda de 2005 y 2010. Pero otros creen que un tribunal, no sólo en Estados Unidos, sino también en otros países, podría interpretar lo contrario.