Sin perder tiempo, y cuando los cruces por el conflicto político que provocó la quiebra de la imprenta Donnelley, se presentó un proyecto de ley para expropiar y estatizar la compañía y que su gestión quede a cargo de los trabajadores, que esta semana continuaron con las operaciones habituales de la planta.

La iniciativa fue presentada por el Frente de Izquierda y contaría con el apoyo de legisladores de otros bloques opositores y también del kirchnerismo.

El proyecto de norma declara "de utilidad pública y sujetas a expropiación" las instalaciones de Donnelley, imprenta de capitales norteamericanos, y propone crear "una nueva empresa estatal quedando la gestión de la misma a cargo de sus propios trabajadores".

"Defendemos lo resuelto por los trabajadores de Donnelley, que tomaron la planta y la pusieron a producir inmediatamente después de que la patronal declarara la quiebra fraudulenta y cerrara las puertas de la empresa y por eso les presentamos este proyecto que fue votado en asamblea", explicó el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño a través de un comunicado.

Agregó que "[la ex imprenta] Ciccone se estatizó en tiempo récord al servicio de la corrupción y los negociados de [Amado] Boudou y compañía; Donnelley tiene que ser expropiada y estatizada inmediatamente para que sean sus propios trabajadores los que la gestionen".

En el Congreso también se discute la denuncia del Gobierno contra Donnelley por una supuesta violación a la ley antiterrorista. La oposición coincidió ayer en rechazar la denuncia de Cristina Fermández, que la AFIP llevó a la Justicia, como respuesta a la quiebra presuntamente fraudulenta de la imprenta, y anunció que intentará derogar la controvertida norma.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich (Pro), incluyó en el temario de la próxima reunión, prevista para el martes próximo, todos los proyectos que proponen derogar o modificar la ley 26.734, con la intención de emitir un dictamen.

De acuerdo con la denuncia de la Presidenta, la quiebra de la empresa, que dejó a 400 trabajadores en la calle, es parte de un plan desestabilizador del que forma parte uno de los fondos buitre que litiga contra la Argentina en los tribunales de Nueva York. En el oficialismo ya anticiparon su rechazo a la convocatoria de la diputada de Pro.