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Dólar: buscan combatir las cuevas y los "arbolitos"
La Procelac confirmó que buscará reformar la ley penal cambiaria, en busca de agilizar operativos de seguridad. Hubo llamados del BCRA a cuevas para evitar allanamientos
29 de septiembre de 2014
El Gobierno avanza en la elaboración de un proyecto de ley de reforma de la ley penal cambiaria, con el que buscará agilizar los procedimientos contras las “cuevas” de venta de dólares, en medio de la preocupación oficial por el avance del blue.

El objetivo sería modificar la tipificación del delito, para llevarlo a la órbita de lo “correccional” y que de esa forma las fuerzas públicas puedan actuar en el lugar al percibir cualquier operación cambiaria de tipo ilegal, sin depender de autorizaciones de las entidades que actualmente están a cargo de ese tipo de seguimiento.

El jefe de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac, Carlos Gonella, confirmó que la decisión fue tomada después de detectar que desde el interior del propio Banco Central de la República Argentina (BCRA) se realizaban llamados a “cuevas financieras” para avisar que se iban a realizar allanamientos para desbaratarlas.

El funcionario aseguró que la iniciativa “no surgió en los últimos tiempos” sino que se trata de un proyecto de reforma de la ley del delito cambiario que cuenta ya con “varios años”, por lo que el Gobierno vio plausible impulsarlo.

Señaló Gonella que el actual Régimen Penal Cambiario tiene más de 50 años y está enfocada en un paradigma que fue superado por la realidad, por lo que “es necesario avanzar en una reforma porque no contempla el dólar blue o paralelo”.

A partir de la reforma, el Banco Central “tendrá la facultad de investigar un delito”, anticipó el funcionario y cuestionó las críticas a la iniciativa de algunos sectores del periodismo que “quieren naturalizar el dólar blue”.

Según dijo Gonella la Procelac ha “detectado funcionarios públicos armados de distintas fuerzas brindando seguridad en cuevas”, por lo que el organismo hizo las denuncias para investigarlos.

La ley penal cambiaria, que lleva el número 19.359, data de 1971 y establece al Banco Central como a cargo de las actuaciones y pedidos de allanamientos.