Los jefes de los bloques de la oposición en el Senado reclamaron hoy ‘una institucionalidad más profunda‘ y adelantaron que no acompañarán el proyecto oficial de reforma del sistema de Inteligencia argentino por considerar que se trata de ‘una farsa‘.

En una conferencia de prensa ofrecida esta tarde en el salón Illia del Senado, los bloques de la UCR, el PRO, el peronismo federal y el socialismo propusieron ‘una agenda diferente que requiere cambios más profundos que los propuestos por el Gobierno‘ aunque decidieron no llevarla al recinto.

Gerardo Morales, jefe de bloque de la UCR que encabezó la conferencia, declaró que en primer lugar reclaman la derogación del acuerdo con Irán, en el marco de la investigación del atentado a la mutual judía AMIA.

En la reunión de la que participaron además Gabriela Michetti (PRO), Adolfo Rodríguez Saá (peronismo federal), Norma Morandini (Frente Cívico) y Fernando ‘Pino‘ Solanas (UNEN), Morales pidió además ‘la independiencia del Poder Judicial y su autonomía financiera‘.

‘Hay sectores del Gobierno -denunció- que quieren controlar el presupuesto que maneja el Poder Judicial, en especial la Corte Suprema de Justicia‘.

Entre los puntos de los reclamos, expresó la necesidad de que el sistema de escuchas telefónicas pase a la órbita de la Corte Suprema de Justicia y no al Ministerio Público Fiscal como lo propone la iniciativa del Gobierno.

También solicitaron la creación de una policía judicial y de una comisión bicameral de investigación y seguimiento con mayoría opositora para investigar la muerte del fiscal federal Alberto Nisman. Además, exigieron mayoría opositora en la bicameral de Inteligencia actualmente en funcionamiento y que se reunirá el próximo jueves.

Hoy, el secretario de Inteligencia, Óscar Parrilli, lamentó la existencia de ‘sillas vacías‘ y criticó la ‘actitud intolerante‘ de los opositores ausentes antes de iniciar la presentación de la propuesta de ley del Gobierno.

La iniciativa gubernamental prevé la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con cargos elegidos por el Senado, que reemplace a la actual Secretaría de Inteligencia, en el ojo del huracán desde la muerte de Nisman el pasado 18 de enero, en circunstancias aún sin aclarar.

El punto más polémico del proyecto de ley es el aumento del poder de la fiscal general, Alejandra Gils Carbó, estrechamente vinculada a la presidenta, Cristina Fernández, por la transferencia del sistema judicial de escuchas de la SI al Ministerio Público Fiscal.

La oposición decidió plantar a los funcionarios oficialistas y se reunió en un salón aparte a modo de protesta.

“Discutir unas modificaciones en la ley de Inteligencia para que no cambie nada o lo poco que cambie sea para ejercer un poder aún más siniestro, no nos parece. Debemos tener una actitud más coherente”, agregó el senador Adolfo Rodríguez Saá tras decir que ‘Argentina está conmovida‘ por la muerte de Nisman.