El secretismo parece estar llegando a su fin en la Argentina, al menos en algunos temas.
La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy a la petrolera estatal YPF -manejada por Miguel Galuccio y, en la realidad, también por el ministro de Economía, Axel Kicillof- hacer públicas las cláusulas del acuerdo con Chevron para la explotación de hidrocarburos no convencionales en Loma de la Lata Norte y Loma Campana, en Vaca Muerta (Neuquén).

La demanda judicial había sido presentada por el senador socialista Héctor Giustiniani, luego de que YPF se negara a dar información sobre ese proyecto de inversión, especialmente sobre calidad ambiental y las actividades que se desarrollarán.

El Tribunal sostuvo que, por encontrarse YPF bajo la órbita del Poder Ejecutivo, debe permitir el acceso a información relacionada con sus actividades.

Recordó que la empresa desempeña importantes actividades en las que está comprometido el interés público, por lo que no puede negarse a brindar información.

Por otra parte, la Corte aclara que YPF "no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de respetar el derecho de acceso a la información".

El máximo tribunal sostuvo que si bien en determinadas y excepcionales situaciones el derecho de acceso a la información puede ser limitado, no se demostró que éste fuera uno de esos casos.

Remarcó que las justificaciones de YPF para negarse a dar información no eran suficientes para probar que se estuviesen comprometiendo secretos industriales, técnicos y científicos.