Cuanto peor, mejor, parece ser la lógica elegida por Cristina Fernández para dejar al Estado lo más debilitado posible con vistas a la asunción de Mauricio Macri el 10 de diciembre próximo.

Ahora, decidió ceder a las provincias 125.000 millones de pesos que hasta ahora iban a la ANSeS y a la AFIP.

La excusa es acatar el fallo de la Corte Suprema conocido la semana pasada, pero en el macrismo creen que es otra jugada para entorpecer al máximo el arranque del futuro gobierno.

El fallo de la Corte ordena al Poder Ejecutivo dejar de descontar a las provincias el 15% de la coparticipación de impuestos y el 1,9% de la recaudación neta de impuestos y recursos aduaneros que se destina a financiar los gastos operativos de la AFIP. La resignación de los fondos está contenida en el Decreto de Necesidad y Urgencia 2635/2015.

El Gobierno resolvió modificar el Presupuesto de este año para dar cumplimiento al referido fallo. La decisión implica una complicación presupuestaria extra para el Gobierno de Mauricio Macri que arranca el 10 de diciembre, que recibirá las arcas c0n una poda monumental a la recaudación y un rojo fiscal que ya trepa al 7%.

El DNU especifica que la AFIP deberá cesar de retener el 15% de la coparticipación a la totalidad de las Provincias. Y como esa masa de dinero hasta ahora eran recursos de la ANSeS (15%) para el pago de jubilaciones y pensiones y de la AFIP (1,9%) para cubrir sus gastos de funcionamiento, el Tesoro Nacional, con cargo a Rentas Generales, deberá remitir a esos organismos la suma equivalente, "las que seguirán siendo tenidas en cuenta como referencia a los fines del cálculo de la movilidad". Esos fondos ahora devueltos a las provincias eran tenidos en cuenta a la hora de calcular los ajustes de las jubilaciones que se otorgan en marzo y setiembre de cada año.

Están en juego, a valor de 2015, más de $ 125.000 millones. El 15% que recibía hasta ahora la ANSeS suma este año 98.182 millones. Y el 1,9% son otros $ 30.000 millones. El fallo de la Corte, que abarca a las Provincias de Santa Fe y San Luis, da un plazo de 120 dias para que el Gobierno acuerde la manera de devolver lo retenido desde que esas Provincias hicieron los reclamos. Si se suma Córdoba, que hizo un reclamo parecido, son unos $ 50.000 millones, que podrían ser devueltos en bonos.