Julio De Vido sigue en el centro de una tormenta que lo puede complicar aún más, tras ser el hombre fuerte que manejo cientos de miles de millones de pesos durante doce años y medio de régimen kirchnerista.
La Justicia empieza a darle la razón a quienes lo consideran uno de los funcionarios más sospechados y acusados por la corrupción kirchnerista.

De Vido, a quien Cristina Fernández intentó proteger dándole una banca de diputado nacional, quedó en la mira de la Justicia por la compra de material rodante para el tren Belgrano Cargas.

El fiscal federal Federico Delgado pidió procesarlo por los delitos de "peculado y cohecho". Presuntas coimas, en la jerga popular.

El ex ministro de Planificación, que tenía bajo su órbita a la cartera de Transporte, fue citado en paralelo por tres jueces, que lo investigan por distintos hechos.

El juez Julián Ercolini lo convocó a indagatoria en la causa por la que está preso el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, por la compra de material ferroviario inservible a España y Portugal.

Sebastián Ramos, en tanto, lo llamó por supuesto "incumplimiento de los deberes de funcionario público" en una causa que investiga por qué nunca se renegociaron los contratos ferroviarios de transporte de pasajeros entre 2003 y 2009 ni se integraron los equipos de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), creada en 2002 en medio de la emergencia económica y reformulada en 2003 con su nueva denominación. Y Bonadio lo citó para notificarlo de manera formal de la imposición de un embargo por 600 millones de pesos por la tragedia de Once, en la que fue procesado como supuesto coautor del delito de descarrilamiento y presunto partícipe necesario del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta.

El lunes otro magistrado ordenó un procedimiento en la administración de un country en el que se cree que De Vido tiene una propiedad.

El operativo fue dispuesto por Luis Rodríguez, el juez que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, y llevado a cabo por Sandra Arroyo Salgado, quien tiene jurisdicción en Zárate, donde se realizó el operativo.