La sala II de la Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro Báez por lavado de dinero y ordenó al juez federal, Sebastián Casanello, investigar a los funcionarios que le dieron unos 650 millones de dólares en obras públicas al empresario K, entre ellos, la ex presidenta Cristina Fernández.

Aunque no nombró a la ex presidenta, el fallo dice investigar a todos los funcionarios que dieron los contratos, en alusión al ex ministro de Planificación, Julio De Vido y a Cristina.

En el caso de la presidenta, del fallo se presume que podría haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El tribunal de alzada, en cambio, no decidió si aparta a Casanello de la causa de La ruta del dinero K a la espera de las pericias que ordenó para determinar si es cierto que el juez se reunió con la ex presidenta Cristina Kirchner en Olivos, tal como afirmó el dueño de Austral Construcciones.

En una extensa resolución, la sala integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, confirmó también el embargo de 100 millones de pesos sobre los bienes del empresario y la inhabilitación de sus cuentas bancarias, entre otras medidas dispuestas por Casanello.

La confirmación es en el primero de los dos procesamientos que Casanello dispuso contra Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco solo por el lavado de 5,2 millones de dólares a través de la cueva financiera conocida como La Rosadita a fines del 2012. Otro segundo procesamiento por la repatriación y blanqueo de 33 millones de dólares de Báez está pendiente de resolución.

La semana que viene Casanello tiene previsto indagar a los cuatro hijos de Báez por la cuenta en Suiza de la fundación Kinsky con 25 millones de dólares.