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Revelan que AFIP pedía 5% de coima a contratistas del Estado
Fariña presentará esta semana un escrito ante el juez Casanello por "la ruta del dinero K", donde revela los manejos del ex titular de AFIP, Ricardo Etchegaray
1 de agosto de 2016
El ex valijero de Báez, Leonardo Fariña, afirmó que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, exigía un pago del 5% del valor de la obra a los contratistas del Estado, en la ampliación de su indagatoria que presentará al juez Casanello por la causa denominada "la ruta del dinero K".

En el escrito Fariña explica cómo operaban los recaudadores, que cobraban a los contratistas en concepto de anticipo financiero e inmediatamente se le devolvía ese importe a los funcionarios: "Como para justificar el egreso de tamañas cifras las firmas debían emitir montañas de facturas truchas, usualmente solicitaban al receptor de ese dinero protección frente a Echegaray, puesto que de no hacerlo, y enterado el titular de la AFIP de un pago y que lo habían dejado afuera del negocio, mandaba a un ejército de inspectores a allanar al contratista emisor de esas facturas, quienes de no llegar a un 'arreglo' debían enfrentar causas en lo penal tributario."

Este "anticipo" disimulaba las coimas de entre 10% y 20% del monto de la obra, además, los falsos competidores en las licitaciones cobraban "entre dos y tres puntos del retorno" y otro 4% pedía José López a los empresarios que no eran "aportantes" asiduos, para liberarles los pagos de obras hechas.

Otros tantos funcionarios K eran beneficiados por este manejo: Roberto Baratta, asesor de Julio De Vido y Rafael Enrique LLorens, jefe de Legales de Planificación, exigían otro 1% del valor del certificado cada uno para firmar los dictámenes, y otro 1% para el titular de Dirección General de Asuntos Jurídicos, Pablo Campi.

"Echegaray presionaba a todos los empresarios -incluidos los provenientes de Santa Cruz-, agravándose esta situación luego de la muerte de Néstor Kirchner.", sostiene en el escrito Fariña, quien desde el 8 de abril Fariña se encuentra bajo la custodia del ministerio de Justicia como testigo protegido. "Las empresas debían abonar bajo coerción aproximadamente el 5% de la operación", detalló.