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Dejaron una granada frente a la casa de la jueza que frenó el tarifazo
La magistrada se quejó de que Aranguren la haya nombrado en su audiencia ante Diputados. El alza en facturas se anunció para reducir el déficit, pero tiene un fuerte costo
17 de agosto de 2016
Una granada sin detonador pero con poder explosivo fue hallada en un contenedor de basura frente al domicilio en Buenos Aires de la jueza que con un fallo frenó el aumento de tarifas eléctricas en Argentina, informó la magistrada este miércoles.

"Pido que se investigue, estoy muy preocupada por mi familia", dijo la jueza Martina Forns, quien el 5 de agosto dio lugar a un amparo colectivo y falló contra el aumento impulsado por el gobierno de Mauricio Macri.

Los aumentos de los servicios básicos promediaron el 700%, en algunos casos superaron el 1.000%, y desataron una ola de protestas y amparos judiciales.

El ajuste en las facturas de agua, gas, luz y transporte público se anunció para reducir el déficit fiscal que el gobierno de Macri estimó en un 7% en 2015.

Pese a que el gobierno se vio forzado a limitar el aumento aplicado al gas en 400% para los hogares y 500% para el sector comercial y pequeñas y medianas empresas, otro fallo, en este caso de la Cámara Federal de La Plata, frenó el aumento.

Se espera que la Corte Suprema se exprese el jueves sobre la cuestión, tras escuchar la opinión no vinculante de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, quien dictaminó este miércoles a favor de confirmar el freno de los aumentos de las tarifas de gas.

El hallazgo de la granada se produjo el martes por la tarde mientras el ministro de Energía, Juan José Aranguren, defendía la suba de tarifas ante un plenario de la Cámara de Diputados.

"Había un explosivo sin detonador, pero con capacidad de explosión y bastante alcance", dijo la jueza en base a peritajes de la policía.

Forns pidió "bajar los decibeles" en torno a la polémica por el tarifazo.

"Fui recusada con motivo, por hablar con la prensa. Con eso consiguieron lo que querían, sacarme la causa", al indicar que su decisión "obviamente es un fallo que cuestiona un acto del Poder Ejecutivo".

Uno de los cuestionamientos que permitieron que la justicia frenara los incrementos es que el gobierno omitió llamar a audiencia pública para la fijación del nuevo esquema tarifario.

En su dictamen, Gils Carbó opinó que la falta de audiencia "restringió los derechos constitucionales".

La oposición también cuestiona por arbitrario el cálculo en el que se basó el incremento.

En su exposición en el Congreso, Aranguren afirmó que en los últimos 12 años los subsidios a las tarifas fueron de "52.000 millones de dólares en gas y 24.400 millones en luz". "Los subsidios generan inflación", justificó.

La inflación es el talón de Aquiles del gobierno de Macri. Estadísticas oficiales arrojaron una inflación del 28,7% en el primer semestre de este año, muy por encima del 25% pautado para 2016.