Maximiliano Castrillón está procesado por integrar una red de trata que explotaba sexualmente a mujeres en prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires, según informaron fuentes judiciales. Castrillón aportó 10.000 pesos a la última campaña presidencial del Frente para la Victoria (FPV).

Los $4 millones de Carlos Tomeo aparecieron la semana pasada en la portada de todos los diarios. La Justicia lo investiga por lavado de dinero. Deberá justificar su acelerado crecimiento patrimonial, que le permitió comprar 11 propiedades, 20 autos de lujo y decenas de relojes Rolex. Tomeo aportó $95.000 a la última campaña presidencial de Cambiemos.

Los apellidos Castrillón y Tomeo son algunas de las observaciones que se desprenden de las auditorías realizadas por la Cámara Nacional Electoral (CNE) sobre los informes de financiamiento de las últimas elecciones generales y la segunda vuelta presidencial.

Los informes señalan cientos de donantes que no pueden justificar su patrimonio, empresarios proveedores del Estado, multitudinarios eventos proselitistas no declarados y gastos de campaña facturados por organismos públicos.

La donación de Castrillón al FPV fue recibida por Walter Carbone, el funcionario bonaerense que guardaba una caja fuerte dentro de una escultura con forma de dragón. Carbone, responsable económico del FPV, también recibió una contribución polémica: Ángela Beatriz Fabra, que fue señalada por la Justicia como beneficiaria de un plan social en la provincia de La Pampa, aportó $ 10.000 a la campaña del FPV. Según los diarios locales, Fabra fue candidata a diputada provincial en 2015 en ese distrito.

La donación de Tomeo a la campaña de Cambiemos ya generó discrepancias internas. Fue la propia Elisa Carrió, precandidata presidencial por ese espacio, quien denunció al empresario ante la Justicia. En diálogo con LA NACION, José Torello, apoderado de Pro, afirmó que si verifican que Tomeo "incurrió en algún delito y que esos fondos pueden no ser legítimos", devolverán los $ 95.000 que donó para el ballotage.

La Cámara Electoral elaboró las auditorías a través del cruce con distintas bases de datos, como información de la AFIP, la Anses y otros registros del Estado. De esta manera, los auditores analizaron, por ejemplo, el origen de los fondos aportados por casi 500 monotributistas que registraron donaciones a la campaña de Scioli. La mayoría está inscripta en la categoría B -la más baja-, que permite facturar hasta 48.000 pesos anuales. En muchas ocasiones, sólo la contribución electoral supera ese monto.

Entre los aportantes, la Justicia hizo hincapié, en el caso de Cambiemos, en la contribución de cinco personas vinculadas a la firma Eva SA que donaron, en total, más de 400.000 pesos a la campaña de Macri. Según reveló Chequeado, Eva SA ganó en noviembre de 2015 una licitación en la ciudad de Buenos Aires para la operación y el mantenimiento de una planta de tratamiento de restos de poda y de una planta de residuos orgánicos. La ley prohíbe aportes de empresas concesionarias del Estado.

"No hay nada fuera de la ley. Estas personas fueron a la cena de recaudación del partido. Sus aportes están dentro de la ley porque es el dinero de personas físicas, más allá de que trabajen para una empresa concesionaria del Estado. Es plata del partido que, después, pasó a la campaña", explicó Torello.

Sin embargo, los auditores señalaron que estas contribuciones "se encuadrarían en la prohibición de que empresas concesionarias de servicios u obras públicas aportaran a la campaña". ¿Por qué? La Cámara Electoral dictaminó por un caso similar, en Córdoba, que "se evalúe el tipo de vinculación que el donante tiene con la persona jurídica y otros elementos que permitan descartar o tener configurado un aporte prohibido". Es decir, determinar si se trató de donaciones sistematizadas de parte de altos directivos de una sociedad.

Desde el Pro aseguraron que impulsarán una nueva ley que regule el financiamiento electoral, que pretende permitir el aporte de empresas. "Queremos cambiar la ley para trabajar en forma absolutamente transparente porque somos coherentes", dijo Torello al diario La Nación.

Estas nuevas auditorías sobre las cuentas de la última campaña electoral se suman a otros informes que advirtieron sobre otras irregularidades en el financiamiento. Por un lado, la Procelac denunció en agosto maniobras de lavado de dinero al analizar los gastos del FPV y Cambiemos.

Sobre los gastos de campaña, la Justicia remarcó -como ya lo había hecho en las PASO- la falta de información del FPV sobre la cena de recaudación de fondos en Costa Salguero. "Según la estimación realizada sobre la base de los medios se habrían recaudado unos $ 35 millones, pero la alianza señala que el total de aportes privados para toda la campaña es de $ 26 millones", señala el informe. El FPV tampoco informó gastos de organización y alquiler del predio. Desde el PJ le respondieron a la Justicia: "El gobernador [Scioli] sólo asistía a actos de protocolo o de gestión como funcionario en ejercicio".

El FPV tampoco declaró gastos de fiscalización, como el gasto de viandas, transporte y el pago a los fiscales. Tampoco fueron informadas 13 publicidades que fueron publicadas en los diarios Página 12 y Tiempo Argentino por un valor calculado por los auditores en $ 1,6 millones. Otras de las erogaciones de la campaña de Scioli fueron facturadas por asociaciones sindicales -señala la auditoría- "que se encuentran encuadradas en las prohibiciones de la ley de financiamiento".

Sobre los gastos informados por Cambiemos, la Cámara Electoral sostiene que la alianza no declaró erogaciones de publicidad en la vía pública que fueron facturadas por la Ceamse, un organismo del Estado. Fueron cuatro contrataciones a la empresa Nex SRL por un total de $ 100.000. Desde Pro respondieron que nunca habían realizado esas contrataciones y esperan más información por parte de los auditores.