El ministro de Energía, Juan José Aranguren, explicó que podrán pedir la inclusión en la tarifa social para el gas "los jubilados, pensionados, monotributistas y empleados en relación de dependencia que cobren menos de dos salarios mínimos, unos $ 15.120”.

Aseguró además que quedarán incluidos dentro de este criterio quienes sean discapacitados, veteranos de guerra o electrodependendientes. En este último caso, "habrá una ampliación en los kilowatts por hora por mes en la tarifa social, que sube de 150 a 600 KW".

Y, entre los criterios de exclusión mencionó una actualización respecto de la antigüedad de los vehículos: antes alguien que tuviera un auto con antigüedad menor a 15 años estaba excluido, mientras que ahora el límite es de 10 años.​ Los discapacitados o electro-dependientes quedan totalmente exentos.

Según Aranguren, con el nuevo esquema la tarifa social abarcará 1.700.000 hogares, equivalente a poco más del 20% de los 8,1 millones de usuarios que tiene acceso a red de gas.

En línea con la resolución publicada hoy, el ministro detalló además sobre los topes que “en ningún lugar del país ningún consumidor pagará en la categoría R1-R23 más de un 300%, R31-R33 un 350%, R34 un 400% y para los comerciales un 500%”.

Aranguren señaló además, también en línea con la resolución, que los subsidios se eliminarán totalmente en 2019, salvo para las zonas de la Patagonia, La Pampa y la Puna, en donde el plazo se estirará a 2022.

Por otra parte, el funcionario dijo que se mantendrá el esquema de premio al ahorro para quien consuma un 15% menos que en igual período de 2015, que será tomado de ahora en más como año base.

Y además, mencionó que las "entidades de bien público" (clubes de barrio) tendrán una banda tarifaria especial para que puedan acceder a una tarifa equivalente a la residencial, fuera de la categoría comercial.