El empresario Eike Batista, quien fuera el hombre más rico de Brasil, fue detenido este lunes bajo acusaciones de corrupción, inmediatamente después de haber aterrizado en Rio de Janeiro a bordo de un vuelo regular procedente de Nueva York.

Incluido desde el jueves pasado en la lista roja de captura de Interpol, Batista, de 60 años, había prometido entregarse y era esperado por policías al pie de la aeronave de American Airlines, donde viajaba en clase ejecutiva.

El exmagnate, que vio naufragar sus negocios petroleros en los últimos años, fue conducido a la superpoblada e insalubre cárcel de Ary Franco, en el norte de Rio, tras una revisión de su estado de salud en el Instituto Médico Legal (IML).

Sin embargo, poco después fue trasladado al Complejo Penitenciario de Gericinó, en Bangú, al oeste de la ciudad.

"Después de una evaluación, fue transferido para una unidad acorde con su perfil", dijo la Secretaría de Administración Penitenciaria de Rio en un comunicado citado por la estatal Agencia Brasil.

Al no tener título universitario, el que fue el séptimo hombre más rico del mundo no podría acogerse a los beneficios de reclusión que da la ley brasileña para las personas con mayor nivel de educación, colocándolas en alas separadas de los presidios.

Por tanto, no ingresó al mismo pabellón de Bangú donde están internados otros detenidos de alto perfil igualmente relacionados con la investigación de corrupción Lava Jato, como el exgobernador de Rio Sergio Cabral (2007-2014).

Imágenes de Globo Televisión mostraron el traslado de Batista, quien luce ya sin cabello y con una sencilla camiseta blanca del uniforme de preso, ingresando a una camioneta policial.

La defensa del empresario había pedido el viernes a la Justicia Federal que su cliente no fuera mezclado con presos comunes, alertando sobre la violencia en las hacinadas cárceles brasileñas por las disputas entre grupos criminales.

Batista "tiene una notoria visibilidad en el país, de forma que su encarcelamiento en un establecimiento penal junto a diversas personas con conocimiento de su vida social y financiera pone su integridad física en riesgo", dijo su defensa en esa carta a la que tuvo acceso el diario Folha de Sao Paulo.

La policía había tratado infructuosamente de detener a Batista el pasado jueves en su domicilio de Rio de Janeiro, dentro de un operativo derivado de la investigación Lava Jato sobre sobornos pagados por grandes constructoras a partidos y políticos para hacerse con contratos en la estatal Petrobras.

Pero el empresario había partido días antes de Brasil. Su abogado informó que se encontraba en Nueva York por trabajo y que regresaría para entregarse, pero las autoridades lo consideraron un fugitivo y pidieron ayuda a Interpol para capturarlo.

Batista es sospechoso de haber pagado 16,5 millones dólares al entonces gobernador Sergio Cabral por una operación que en realidad nunca existió de compra y venta de una mina de oro.

El empresario, considerado en 2012 por la revista Forbes como la séptima fortuna del mundo -con más 30.000 millones de dólares-, dijo antes de embarcar en el aeropuerto JFK de Nueva York que volvía a Brasil para entregarse, con la intención "de ayudar a pasar las cosas en limpio".

Queda por ver si sus eventuales confesiones aclaran los negocios, la estrepitosa quiebra y las complicidades con las que contó esta excéntrica figura, que había llegado a simbolizar el entusiasmo que Brasil despertaba en todo el mundo durante la primera década del siglo XXI.

La detención de Batista se produce el mismo día en que la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, convalidó las confesiones de 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht sobre la red de sobornos de Petrobras, con un potencial explosivo.

Las confesiones se mantienen aún en secreto, pero su convalidación muestra la determinación de la magistrada de mantener viva la causa tras la muerte en un siniestro aéreo del juez que llevaba el proceso en el máximo tribunal.

La operación Lava Jato, impulsada desde Curitiba (sur) por el juez de primera instancia Sergio Moro, ya llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos de partidos de casi todo el espectro brasileño.

Y el número de investigados podría duplicarse tras las confesiones de Odebrecht, según el fiscal del caso, Daltan Dallagnol.

El STF instruye los procesos contra funcionarios federales con cargos vigentes y, por lo tanto, protegidos por fueros especiales, como diputados, senadores y ministros.

Las primeras filtraciones involucraron al presidente conservador Michel Temer y a varios de sus allegados, que desmienten terminantemente cualquier implicación.