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Acuerdo con el Correo: piden "secreto de sumario"
El fiscal Juan Pedro Zoni le solicitó al juez Lijo que imponga esa instrucción en la causa contra el presidente Macri. Medida excepcional para garantizar el éxito de la investigación
16 de febrero de 2017
El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió hoy al juez Ariel Lijo que imponga el "secreto de sumario" en la causa en la que se investiga el acuerdo entre el gobierno nacional y la empresa Correo Argentino SA, donde la familia de Mauricio Macri tiene acciones, por la deuda por la concesión en los años noventa.

El "secreto de sumario" es una medida excepcional destinada a garantizar el éxito de la investigación, y los jueces suelen disponerla cuando prevén allanamientos o detenciones.

Zoni impulsó la investigación contra el presidente, Mauricio Macri, y otros funcionarios, y pidió una serie de medidas de prueba que no trascendieron y que aspira a que se mantengan en secreto hasta tanto el juez las ordene y concrete.

Además de Macri, el fiscal promovió la investigación contra el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y contra el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, cuya legitimidad para actuar en el caso fue cuestionada por la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín.

A criterio del fiscal, ese funcionario "desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario de forma directa o indirecta de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscrito por aquel", indicaron fuentes judiciales.

Zoni impulsó la investigación y propuso una serie de medidas de prueba que, teme, podrían perderse si el juez mantiene abierto el expediente a la consulta de las partes.

Lijo evalúa desde el martes las medidas que le reclamó el fiscal y en las próximas horas podría adoptar una decisión al respecto.

La polémica con la compañía Correo Argentino S.A, que inició su concurso preventivo a principios de los 2000, se originó luego de que la fiscal de Cámara Gabriela Boquin objetara un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la empresa por la deuda acreditada en 2001, cercana a los 300 millones de pesos. De acuerdo a la mirada de la funcionaria judicial, los términos del entendimiento significaban una "licuación" del pasivo y no una negociación razonable.