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Al final, no bajarán la edad de imputabilidad a 14 años
Lo rechazó la mesa de especialistas armada para analizar el anteproyecto de reforma de la ley Penal Juvenil. Qué elementos incluirá la propuesta
25 de febrero de 2017
La edad mínima para ser juzgado penalmente se convirtió en el eje central del debate a raíz del crimen de Brian Aguinaco, de 14 años, que conmocionó a la sociedad. Pero tanto la Defensoría General de la Nación como Unicef rechazaron el jueves la propuesta de bajar la edad de imputabilidad en la última Mesa de Trabajo organizada por el Ministerio de Justicia.

Tanto la Defensoría General de la Nación como Unicef rechazaron la propuesta de bajar la edad de imputabilidad.

Juristas, académicos, representantes de las provincias, organizaciones civiles y legisladores participaron de la discusión y coincidieron en la necesidad de reforzar el sistema de protección y mantener en 16 años la edad mínima. La mayoría consideró que esa iniciativa "afecta el derecho de progresividad" de los menores.

Desde el Gobierno reconocieron que "el tema de la edad es central" para los planes del Ejecutivo, aunque también destacaron el consenso logrado en la idea de modificar el Régimen Penal Juvenil en otros aspectos.

"La mayoría se pronunció en contra de bajar la edad. Pero esa posición no genera una propuesta. Tiende a dejar las cosas como están", explicó Martín Casares, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia. El funcionario explicó que "lo que quedaría trunco es encerrar a los chicos que cometan delitos graves; si un menor de 16 comete una violación va a hacer un tratamiento ambulatorio. La imputabilidad actual no permite responsabilizarlo, por lo que no se lo puede sancionar".

Juristas, académicos, representantes de las provincias, organizaciones civiles y legisladores participaron de la discusión

Florence Bauer, representante de UNICEF Argentina, explicó la postura de rechazo: "La evidencia generada a partir de experiencias internacionales demuestra que la estrategia de disminuir la edad de imputabilidad no es una medida efectiva en el combate a la inseguridad".

Si bien desde el Gobierno se comprometió a respetar lo consensuado en las mesas de trabajo para la redacción del anteproyecto, aclararon que la decisión final está en manos de los legisladores.