Por Guillermo Malisani

El fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable la ley del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad, abre el camino para beneficiar a cientos de represores presos, civiles o militares, que hayan superado dos años en prisión preventiva sin sentencia firme.

Con este pronunciamiento, todos los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad que hayan estado más de dos años presos sin condena firme podrán pedir este beneficio.

Según cifras de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, existían a principios de marzo pasado un total de 2.780 personas imputadas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura, de las que 827 fueron condenadas, aunque sólo el 25 por ciento de las condenas está firme.

La ley del 2x1 fue derogada en 2001, pero al ser una ley penal más benigna beneficia a todas las personas que hayan cometido delitos antes de esa fecha y en los casos de lesa humanidad los comprende a todos porque las conductas que se juzgan son anteriores a diciembre de 1983.

Con este fallo -el primero del máximo tribunal sobre el tema-, la Corte deja en claro que la derogada ley 24.390 (popularizada como 2x1) se aplica sin interesar el delito por el que se haya condenado.

Lo único que puede generar cierto debate es que el fallo fue dictado por mayoría (3 a 2) y tiene menos fuerza como jurisprudencia, pero difícilmente un tribunal se oponga a su aplicación.

Por lo general, la tramitación de las causas superan el plazo de dos años sin sentencia, debido al tiempo que insumen las instancias intermedias que atraviesan los procesos: tribunal oral, Casación y, finalmente, la Corte.

Incluso, en casos extensos de prisión sin fallo, los imputados pueden llegar a superar la pena aplicada.

Un ejemplo de aplicación del 2x1: si una persona estuvo detenida cinco años en prisión preventiva -o prisión domiciliaria-, el tiempo que supera a los dos primeros años debe computarse doble, con lo que los cinco años se transforman en ocho años y se computan como cumplimiento de pena.

La controvertida ley 24.390 fue promulgada el 21 de noviembre de 1994 por el expresidente Carlos Menem en momentos en que se intentaba frenar los reclamos en las cárceles de todo el país por los extensos procesos.

En rigor, la normativa no resolvió nada y, por el contrario, provocó un alargamiento excesivo de los procesos ya que el mayor tiempo sin sentencia favorecía a quienes estaban detenidos.

La norma fue derogada en junio de 2001 con la sanción de la ley 25.430, pero igualmente siguió teniendo efectos posteriores.

En un fallo reciente, el cura Julio César Grassi fue favorecido con la aplicación del 2x1 porque uno de los hechos imputados fue cometido en 2000, antes de ser derogada la ley.