En estado de alerta, una multitud marchó para repudiar el fallo de la Corte Suprema capaz de excarcelar a represores de la última dictadura, y que el Congreso frenó pero sin convencer a la ciudadanía de que la política de derechos humanos está fuera de peligro.

"Señores jueces: Nunca más ningún genocida suelto. 30 mil detenidos-desaparecidos ¡presentes!", fue el lema de una marcha que por primera vez en la historia invitó a los asistentes a llevar sobre sus cuellos el simbólico pañuelo blanco que identifica a las veteranas activistas Madres de Plaza de Mayo.

En esa plaza del centro de Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno, miles de manifestantes se mezclaron con cantantes, políticos de todas las tendencias, futbolistas, legisladores, referentes de derechos humanos e integrantes de Amnistía Internacional.

"Tenemos que protestar para que ni se les ocurra largar a los genocidas otra vez", dijo a la AFP Alba Cervantes, una mujer que colgaba en su cuello la foto de su hermano desaparecido el 20 de septiembre de 1977, Miguel Cacho Cervantes por la dictadura que marcó a Argentina entre 1976 y 1983.

Cervantes, como una gran mayoría de los manifestantes, recibió con sospechas la rápida ley que aprobó el Congreso contra el polémico fallo de la Corte. "Es una medida distractiva, para que el presidente (Mauricio) Macri siga implementando sus medidas económicas contra el pueblo", dijo.

El Congreso aprobó por unanimidad una ley que impide conceder a los culpables de crímenes de lesa humanidad el beneficio de reducción de condenas. El texto se aprobó en debates con la emoción a flor de piel de diputados y senadores, algunos de ellos víctimas directas de la dictadura.

Que se aprobara entre martes y miércoles significa "una señal muy clara a la sociedad y a los jueces de cuál es la posición del pueblo argentino" frente a los derechos humanos, dijo Federico Pinedo, presidente provisional del Senado y hombre cercano al presidente Macri.

El cuestionado fallo de la Corte Suprema, con el cual tres de los cinco jueces aprobaron una reducción de pena para el exagente paramilitar Luis Muiña -condenado a 13 años de prisión-, puso en rebelión a abogados, jueces, fiscales y legisladores.

Macri, señalado por opositores de estar detrás del fallo de la Corte, rompió el miércoles un criticado silencio. "Estoy en contra de cualquier herramienta que facilite impunidad, más aún cuando es por delitos de lesa humanidad", remarcó.

Victoria Donda es uno de los 122 nietos recuperados gracias al trabajo de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Como diputada y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja afirmó que "a los genocidas no se los perdona".

El apropiador de Donda, el exprefecto Juan Antonio Azic, de 76 años, fue uno de los primeros en pedir el beneficio de reducción de su condena, decidida en 2012 a 14 años por el robo de la diputada hija de desaparecidos, y otros 10 años por la apropiación de Laura Ruiz Dameri.

"No queremos que ningún genocida esté caminando en nuestras calles", reclamó al revivir la crueldad de la dictadura que la convirtió en uno de los 500 bebés robados. Sus padres figuran entre los 30.000 desaparecidos, según organismos de derechos humanos.

Estela Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, calificó de "triunfo parlamentario" la aprobación de una ley que corrige un dictamen que consideró vergonzoso y que les hizo revivir episodios que daban por zanjados en la justicia.

Los tres magistrados que votaron a favor del represor fueron acusados de prevaricato. Fallaron a favor de Muiña aplicando una ley derogada en 2001, que permite computar doble el tiempo pasado en prisión preventiva a la hora de fijar la condena.

La unanimidad en el Congreso sorprendió en un país polarizado entre los defensores de los gobiernos centroizquierdistas de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2007 y 2007-2015) y los que apoyan al actual gobierno de derecha.

En 2005 se derogaron las leyes de amnistía para los autores de crímenes de lesa humanidad, lo que permitió 689 condenas por tortura, secuestro y asesinato de opositores, según un informe judicial a junio de 2016.

"Ha habido un consenso prácticamente unánime en cuanto a que ésto no podía ocurrir, de que las consecuencias eran gravísimas", explicó el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, a la AFP.

Gil Lavedra, que integró el tribunal que en 1985 condenó a los militares de la dictadura en el llamado Juicio de las Juntas, calificó como un "acontecimiento inédito" al respuesta social y política al fallo de la Corte.