La disputa por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo judicial. La Confederación General del Trabajo (CGT) avanzó con una ofensiva contra el fallo que reactivó artículos clave de la ley impulsada por el Gobierno y pidió su nulidad, al tiempo que recusó a los jueces que lo firmaron.

Todo en el marco de que el próximo jueves 30 de abril, a las 15 horas, convocó a marchar a Plaza de Mayo para defender el trabajo.

La central obrera denunció “falta de imparcialidad” y “prejuzgamiento”, en una presentación que podría escalar hasta la Corte Suprema si no se resuelve en instancias inferiores.

A través de su abogado Pablo Topet, la CGT impugnó la resolución de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había otorgado efecto suspensivo a la apelación del Estado Nacional y, en consecuencia, volvió a poner en vigencia cerca de 80 artículos de la reforma laboral.

La central sindical solicitó la recusación de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, a quienes acusó de haber actuado sin neutralidad.

En su presentación, difundida por Noticias Argentinas, la CGT fue tajante: “La resolución que se recurre carece de todo fundamento”, y sostuvo que los magistrados “adelantaron opinión sobre el fondo de la cuestión”, lo que -según argumentan- invalida su intervención.

Uno de los puntos más sensibles del planteo apunta contra Pesino. La CGT remarcó que el Poder Ejecutivo inició el trámite para extender su mandato por cinco años apenas un día después de su fallo, ya que el magistrado alcanza el límite de edad constitucional.

Para la central obrera, este hecho configura “un beneficio de importancia” otorgado por el Estado, lo que -afirman- compromete su imparcialidad y constituye una causal objetiva de apartamiento.

En el caso de González, la acusación es por prejuzgamiento. Según la presentación, la jueza sostuvo en su fallo que los trabajadores no constituyen un sector socialmente vulnerable ni sus derechos tienen carácter alimentario, lo que para la CGT implica haber anticipado criterio sobre el conflicto de fondo.

Además de las recusaciones, la CGT también objetó la competencia del tribunal. Sostuvo que la Sala VIII no debía intervenir, ya que existían causas conexas previas que requerían concentración en otra sala para garantizar coherencia judicial.

También denunció que el fallo fue dictado con “insólita premura”, sin dar traslado a la central sindical ni permitirle ejercer su derecho de defensa antes de la resolución.