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Auditarán a empleados públicos para saber si asisten al trabajo
Designaron encargados de controlar el ausentismo en Presidencia y en ministerios, y entregarán informes sobre cada uno. El objetivo es corroborar el presentismo
19 de mayo de 2017
La Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña; el Ministerio de Modernización, que maneja Andrés Ibarra, y la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo encargado de controlar los procesos internos del Estado, comenzaron a poner en práctica un plan para eliminar drásticamente el ausentismo en la denominada Administración Pública Nacional (APN), que incluye principalmente a Presidencia y los ministerios.

La iniciativa contempla que ningún empleado público quedará eximido de completar los registros de ingreso y salida del trabajo.

Además, deberá respetar un horario estricto que deberá estar formalizado en su contrato, salvo escasas excepciones que se avisen con anterioridad.
Sobre esa base, la Sigen hará auditorías para corroborar la asistencia de los empleados públicos. Luego deberá armar informes sobre cada Secretaría de Estado en cada ministerio e informar a Jefatura de Gabinete y a Modernización, que luego analizarán alternativas para mejorar el presentismo.

El nuevo plan muestra similitudes con las reglas del sector privado. Por caso, endurece las sanciones para quienes lleguen tarde. Una demora de hasta 30 minutos en la llegada al lugar de trabajo no se podrá compensar, sino que se tendrán que computar. Al llegar a las cuatro horas mensuales se considerará una asistencia injustificada y se le descontará el día al empleado, una rareza en la administración pública.

Esas consideraciones tomarán como base la resolución 204-E que el Ministerio de Modernización publicó días atrás en el Boletín Oficial. Allí se aprobó el "Reglamento General de Control de Asistencia y Presentismo" para los trabajadores de la APN. La norma tendrá una aplicación casi inmediata sobre más de 307.000 trabajadores de Presidencia y de los ministerios, que dependen directamente del Poder Ejecutivo.

El férreo plan para controlar la asistencia de los empleados públicos surgió de una imposibilidad oficial insistente: nadie en el Gobierno puede responder cuánta gente va a trabajar cada día en los despachos públicos. Salvo en contados casos, las rendiciones de asistencia se presentan en planillas, que son fácilmente manipulables, según sostienen fuentes oficiales que idearon el nuevo esquema.

En la primera parte del año pasado, Modernización determinó que una cantidad importante de la plantilla no asistía al lugar de trabajo. La versión oficial es que ese fue el principal motivo que orientó los aproximadamente 10.000 despidos que generaron polémica cuando Macri recién llegaba a la presidencia.

El nuevo plan apunta a combatir otra práctica de la burocracia estatal que -según fuentes oficiales- es muy frecuente. Se trata de los empleados que tienen acuerdos especiales con sus jefes directos y pueden asistir a su escritorio menos horas de las previstas en sus contratos, o ausentarse algún día de la semana.

Nuevos controles

El control de asistencia derivó en la creación de una nueva figura que deberá tener cada cartera del Estado. Se trata del responsable de control de ausentismo (RCA), la persona a cargo de la coordinación del presentismo, que tendrá un trabajo antipático: informar diariamente a Recursos Humanos las salidas anticipadas, la demora en el ingreso o las salidas de la oficina por un motivo laboral.

Las reglas que deberá aplicar cada ministerio dejan espacios para las urgencias. Por caso, un empleado podrá tener licencias o excepciones, pero deberá pedirlas con anterioridad. De la misma manera, la demora en los ingresos o la anticipación en las salidas no estarán penalizadas si están autorizadas por su superior y hayan sido informadas al RCA.

La segunda etapa del plan prevé extender el control biométrico de asistencia (permite detectar al personal según su huella digital) a todos los organismos de la APN. Ese sistema hoy sólo está disponible en Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Legal y Técnica y los ministerios de Modernización, Educación, Agroindustria, Justicia y Seguridad, pero en los próximos 12 meses debería abarcar al resto de las carteras.