Tras ordenar la detención del contador de los Kirchner, el juez federal Claudio Bonadio dijo que no mira "el calendario electoral" a la hora de tomar decisiones procesales. "Una causa penal es como una avalancha. Primero rueda una piedrita, después miles y esto se hace imparable. Los tiempos procesales los fija la causa, no nosotros", sostuvo en diálogo con Radio Mitre.

Respecto de la aprensión de Manzanares en Río Gallegos, el contador de los Kirchner, el juez dijo que "se estaban estructurando maniobras y bypass para eludir el embargo" judicial.

Consultado sobre si podría ordenar la detención de la ex presidenta si se comprobara que obstruyó a la Justicia, el magistrado respondió: "No puedo hacer futurología. Si se acredita [que entorpeció el accionar judicial], se tomarán las decisiones procesales que correspondan".

En ese marco, Bonadio dijo que si tuviera que ordenar la aprensión de la ex mandataria, no se vería condicionado por el año electoral. "El punto es que yo hace muchos años dejé de mirar otras agendas que no sean las propias que van estructurando el desarrollo de las causas. Si mirara el calendario electoral o de la AFA, tendría muy pocos días por año para trabajar", señaló. Y remarcó que está libre "de todos los condicionamientos externos".

El juez señaló que a diferencia de los magistrados brasileños que destaparon la megacausa del Lava Jato, en la Argentina "no hay suficientes herramientas" para llevar a cabo un proceso similar.

El contador de los Kirchner quedó detenido ayer, acusado por Bonadio de obstruir a la Justicia. En la causa Los Sauces se investiga si la familia Kirchner incurrió en lavado de dinero y cobro de retornos a empresarios contratistas de la obra pública, el contador ya se encontraba procesado. Nuevas pruebas determinaron que Manzanares fue parte de una maniobra para burlar la intervención judicial en las sociedades de los Kirchner y permitir así que cobren los alquileres que deben ser controlados por los interventores de las empresas.

Además, Bonadio aseguró que el "entramado societario" relacionado al patrimonio de la ex familia presidencial debería terminar en "un solo proceso oral y público".