Mientras la Policía Científica de la Policía provincial y los peritos de Casos Especiales evalúan el contenido del barril desenterrado en el “Campo Chico”, un predio de cuatro hectáreas propiedad de "Pata" Medina en la localidad de Pipinas, el juez de Garantías N°2, Jorge Moya Panisello, acaba de dictar la prisión preventiva del acusado por “asociación ilícita”.

Casi en simultáneo, la fiscal Ana Medina solicitó al juez de Garantías Juan Pablo Masi una nueva orden de detención del ex secretario general de la UOCRA. El pedido es por la paralización de cinco obradores de la empresa Abes, en un largo conflicto que incluyó la toma de las construcciones.

Masi había ordenado liberar los accesos de cinco obras céntricas. Para garantizar a los trabajadores el libre ingreso a sus puestos de trabajo y el normal desarrollo de los obradores, en aquel momento (agosto pasado) dispuso la presencia policial en los edificios en construcción de 58 entre 5 y 6; 8 entre 33 y 34; 7 y 39; 47 entre 12 y 13 y 58 entre 10 y 11 de La Plata. Ahora pide la detención de Medina para indagarlo. Le atribuye los delitos de “coacción” y “compulsión a la huelga”.

Medina está preso en Ezeiza desde el 22 de setiembre, cuando se entregó a la Prefectura después de atrincherarse en la sede gremial platense de la avenida 44. El juez federal Luis Armella investiga sus responsabilidades penales por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y extorsión. El fiscal provincial Alvaro Garganta también le atribuye intimidación pública. Los cargos representan penas superiores a los 20 años de prisión. De comprobarse las acusaciones, parte de la vida presidiaria del “Pata” serán acompañadas, desde adentro, por familiares como su esposa Fabiola Garcia, su hijo Agustín, su cuñado David García, y colaboradores, entre ellos Horacio Homs, el dueño de la firma Abril Caterring SA, que operaba como pantalla de los negocios ilegales del gremialista.

Menos gravosa es la causa de “compulsión a la huelga”, pero bajo el prisma de la actividad sindical puede derivar en un largo debate político, en momentos que el gobierno de Mauricio Macri y la CGT exploran algunas medidas, acotadas, de Reforma Laboral.

La imputación de la fiscalía asume la sospecha que Medina ejerció violencia sobre sus representados, los obreros de las obras de Abes SA, para tomar parte de una huelga o boicot. En este caso, la expresión "violencia" debe entenderse en el sentido de violencia física, bajo cualquiera de sus formas. Bastaría con un sólo testimonio del apremiado para respaldar la acusación. No obstante, el argumento que sostuvo la medida de fuerza fueron las asambleas en los lugares de trabajo. Y ese será el argumento de Medina. Alguna sofisticación en el abordaje de la doctrina laboral ya empieza a advertir sobre este “leading case” tramitado en los tribunales platenses.