Luego de que el expiquetero Luis D'Elía dijera estar convencido de que este jueves lo meten preso, la Justicia parece haber lanzado una ofensiva final sobre el sospechado exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

El martes, el juez Luis Rodríguez pidió a la Cámara de Diputados el desafuero de quien manejó la obra pública durante los doce años y medio de los Kirchner en el poder.

El magistrado le hizo caso así a lo encomendado por la Cámara Federal, en el marco de la causa por la presunta defraudación al Estado nacional en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio.

El magistrado ordenó al Ministerio de Seguridad que en caso de aprobarse la solicitud de desafuero proceda con la inmediata detención del ex ministro de Planificación y su traslado a la Unidad n° 29 del Servicio Penitenciario Federal.

En julio último el fiscal Carlos Stornelli había solicitado la indagatoria y la detención de De Vido y otros acusados, y a raíz de ello se generó un debate en la Cámara de Diputados para determinar si al ex ministro correspondía quitarle sus fueros por falta de idoneidad moral, algo que finalmente no sucedió. De Vido es investigado por "los posibles delitos derivados del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre YCRT (Yacimiento Carbonífero Río Turbio) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de fecha 14 de enero de 2008, celebrado por el entonces interventor ingeniero Lucio Enrique Mercado, y el rector de esa casa de estudios, ingeniero Héctor Carlos Brotto, cuyo aparente objeto resultó la cooperación entre ambas instituciones, en particular la prestación de Cursos de Capacitación, Trabajos de Investigación, Asistencia Técnica y Profesional por parte de UTN a YCRT", expuso el juez.

Además, el magistrado Rodríguez consideró que hubo un segundo grupo de contrataciones relacionadas con el "Tren Turístico del Yacimiento Carbonífero Río Turbio", también llamado "Tren Histórico Eva Perón". Para el caso, el tren tuvo un costo de $344 millones, aunque nunca se puso en funcionamiento. Las obras y demás cursos eran por convenios en los cuales el Estado debía librar $26.000 millones que se canalizaron a través del Ministerio de Planificación Federal y por la UTN.

Se sospecha un desvío de unos $265 millones que no llegaron a su destino original, sumado a sospechas de pago de sobreprecios de las obras planificadas.