El juez de Ejecución Penal del juzgado n°2 de La Plata, José Villafañe, fue el que firmó la libertad anticipada del delincuente que en un robo a mano armada asesinó con un tiro en la frente a Abril Bogado, de 12 años.

"Un asesino que nunca tenía que haber estado en ese lugar sino tras las rejas. Un juez que ya había asesinado en otro fallo con su firma", afirmaron en un comunicado desde Madres del Dolor.

El juez Villafañe, quien trabaja en la calle 68, n°627 de La Plata, en el año 2015 concedió una entrevista al diario platense El Día, para explayarse sobre sus funciones: "Los derechos humanos son para todos, inclusive para los presos", decía, explicando que su responsabilidad era, además de monitorear el cumplimiento de la condena, "verificar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas bajo la tutela del Estado".

En una entrevista con el portal Infobae, Matías Bagnato, único sobreviviente de la masacre de Flores, afirmó que "el juez Villafañe mató con su firma a Abril Bogado dejando libre a su asesino".

"Da bronca porque esto se repite todo el tiempo. Hablamos de lo mismo que hizo Axel López, o el juez Carlos Rossi [que liberó al violador y asesino de Micaela García]. A mí me lo dijo Axel López en la cara, que lo obligaban a liberar presos porque tenían las cárceles saturadas. Es un argumento que usan muchos jueces de ejecución para liberar. Por eso digo que es importantísima la participación de la víctima en el proceso de ejecución penal justamente, porque no les va a ser tan fácil firmar si tienen que llamar a la víctima y escucharla".

"No estamos hablando de jueces que se equivocaron; su conducta es así, continuamente lo hacen. Cuando tenés cuatro casos y los cuatro terminan en muerte, ¿qué me vienen con que se equivocó? Son tipos que ya tienen esa conducta de desestimar informes, de no leer las causas…"
Matías Bagnato fue recibido en Olivos por el presidente Mauricio Macri la semana pasada. "Le dije que si ahora van a hacer un cambio de Código hay que limitarles las facultades de excarcelar a los jueces, no hay que dejarlo librado al arbitrio 'el juez podrá…', porque luego te dicen que los informes no son vinculantes, que ellos no pueden hacer futurología, siempre tienen una herramienta de donde agarrarse".

"¿Los jueces de ejecución para qué están? Ellos tendrían que aplicar una lógica pero no lo están haciendo. Entonces o lo limitamos con las leyes o dejamos de gastar plata en pagarle a esta gente y ponemos una computadora y cuando cumplen equis años los soltamos", dice Bagnato.

"Eso es el Gran Bonete –dice por su parte Diana Cohen Agrest, fundadora de la asociacion civil Usina de Justicia-, porque cuando uno habla con los jueces ellos dicen que es el Poder Legislativo el que tiene que modificar las leyes y cuando hablás con el Poder Legislativo te dicen que son los jueces que interpretan con discrecionalidad".

"Estoy preocupada –agrega- porque se viene una reforma del Código Penal y hay cosas que se mantienen incólumes. El concepto de peligrosidad, que es el que los jueces de Ejecución penal se niegan a aplicar cuando evalúan las salidas anticipadas y otros beneficios, tampoco va a estar en el nuevo código…"

Usina de Justicia recusó dos veces a Zaffaroni ante la CIDH. Primero cuando era candidato. "Y luego una segunda vez, en julio de 2016, por su ostensible militancia partidaria, y lo hicimos por correo electrónico, porque nos informaron que esa era la única vía. Jamás nos respondieron y cuando un abogado fue en representación nuestra a preguntar en Washington qué había pasado con eso le respondieron que la persona que recibía el correo electrónico era una señora muy viejita que casi nunca lo abría. Es una vergüenza pero eso fue lo que nos respondieron. Una tomada de pelo".