La Corte Suprema de Justicia, con aval del Gobierno, hará un nuevo intento por mejorar el sistema judicial.

La Justicia es la institución con peor imagen pública y el 78,5% de los argentinos consultados considera que es necesario reformarla, según una encuesta realizada por Management & Fit.

Entre los cambios que se impulsarán, se incluye:

* Acelerar los juicios penales por corrupción, narcotráfico y trata de personas. * Simplificar la recolección de pruebas y evitar las dilaciones interminables por recusaciones y apelaciones, que demoran hasta mucho más de 10 años la conclusión de los juicios.

* Formar operadores en técnicas especiales de investigación criminal.

* Fijar criterios de armonización entre seguridad ciudadana y garantías del proceso, evitando la oscilación entre garantismo extremo y mano dura o gatillo fácil.

* Impulsar el uso extendido del expediente digital que agiliza notablemente los trámites.

* Favorecer la rápida conclusión de los procesos y la conciliación en la Justicia civil, comercial, laboral y previsional.

* Mejorar del acceso a la justicia con creación de juzgados de pequeñas causas y formación de mediadores.

* Revisar la organización institucional del Poder Judicial, en particular la regulación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

* Impulsar cambios en el régimen de trabajo, apuntados a modificar y regular la feria judicial, el horario de tareas y el sistema de licencias, cuestiones que han sido motivo de duras críticas a la Justicia.

Como se busca la extensión del proceso de reformas a la Justicia provincial, hubo encuentros con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, con el cordobés Juan Schiaretti y con el salteño Juan Manuel Urtubey. También se incluyeron en la preparación de este proyecto a las Cámaras federales, al Consejo de la Magistratura que conduce Miguel Piedecases, a las asociaciones de magistrados, de fiscales y de abogados, y al sindicato judicial que lidera Julio Piumato.

El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, abrirá este martes el trabajo de nueve comisiones integradas mayoritariamente por camaristas y jueces, que en dos días de sesiones intensivas deberán alumbrar conclusiones sobre los temas propuestos.

Algunas de esas conclusiones podrán hacerse efectivas mediante resoluciones del Poder Judicial, como las referidas a su organización interna y régimen de trabajo. Otras podrán tener la forma de proyectos de ley que después deberán ser alineados con el Gobierno y debatidos en el Congreso. Para esto ya hubo acercamientos entre la Corte y los senadores Miguel Pichetto, jefe político de la oposición, y Rodolfo Urtubey, engranaje principal del peronismo en cuestiones judiciales.