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19 de marzo de 2024
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Carrió y la UCR se suman a los reclamos por la suba de tarifas y piden cambios
La jefa de la Coalición Cívica presentará hoy en el Congreso un pedido de informes al jefe de Gabinete para que le explique cómo se aplican los aumentos
16 de abril de 2018
La Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió, y el radicalismo harán esta semana presentaciones formales para que se revise la política tarifaria en materia energética.

El bloque de Carrió presentará este lunes un proyecto de resolución en el que pedirá "informes al Jefe de Gabinete (Marcos Peña) respecto de la aplicación de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos por parte de las empresas prestatarias, y los controles realizados por los entes reguladores y el Poder Ejecutivo".

Los fuertes incrementos en los servicios públicos y la inflación, vienen generando roces internos en el oficialismo. El radicalismo le hizo saber en persona esas quejas a Mauricio Macri y hasta prepara su propia propuesta para llevarle al presidente.

El proyecto que presentará la líder de la Coalición Cívica, según informaron en un comunicado, "pretende saber si existe un manual de normas y procedimientos; si los entes reguladores controlan, y de qué forma, que las empresas apliquen el cuadro tarifario en forma debida. También solicita información para saber si se han detectado errores de facturación y los porcentajes de reclamos durante los años 2016, 2017 y 2018, además de conocer el plan de obras en detalle y su grado de ejecución".

También intenta conocer "qué incidencia tienen en lo facturado y cuál es la asignación presupuestaria por el subsidio de energía. Y solicitará que las autoridades de las empresas de energía eléctrica y gas natural, como así también las de las Cooperativas eléctricas de las provincias, se presenten ante Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, para brindar explicaciones sobre el tema".

El eje de la iniciativa será plantear la sospecha de que las empresas estén sobrefacturando y que por parte del Gobierno y los entes reguladores no se esté controlando debidamente la aplicación de los reajustes.