En una medida que ya desata una fuerte controvesia, el Gobierno habilitó a agentes de las fuerzas federales de seguridad a utilizar armas letales frente al delito sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa.
La resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich determina que en cumplimiento del deber se utilizarán armas de fuego "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos". La medida dispone que será válido la utilización de armas letales "en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves", o "para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas".

También se autorizará para "proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" o "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención". Otro punto que genera polémica es que el mismo principio se aplicará cuando "se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal".

También se podrá usar la fuerza letal cuando el sospechoso "trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros", o en caso de que "efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma".

La resolución establece además que ante el necesario empleo de armas, los agentes "deberán identificarse como tales, intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita" salvo "en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas".

La resolución alcanza a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), todas bajo jurisdicción del Ministerio de Seguridad.