El papa Fransciso volvió a diferenciarse de una decisión tomada por el gobierno de Mauricio Macri.

En medio de la polémica por el nuevo protocolo impulsado por la ministra Patricia Bullrich, que da mayor libertad a los agentes de seguridad en el uso de armas de fuego, el papa advirtió que un abuso en ese sentido puede convertirse en un “crimen de Estado”.

"Todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin solo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de estado", dijo tras reunirse con miembros de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.

El papa, quien cumplió 82 años, invitó a todos los países que no han abolido la pena de muerte pero tampoco la aplican "a que continúen cumpliendo con este compromiso internacional y que la moratoria no se aplique solo a la ejecución de la pena sino también a la imposición de las sentencias a muerte".

Francisco dijo que "la defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar perjuicio", por lo que "los que tienen autoridad legítima deben rechazar toda agresión, incluso con el uso de las armas, siempre que ello sea necesario para la conservación de la propia vida o la de las personas a su cuidado". "Toda acción defensiva, para ser legítima, debe ser necesaria y mesurada", remarcó Francisco, al advertir que "un acto que proviene de buena intención puede convertirse en ilícito si no es proporcionado al fin".

"Si uno, para defender su propia vida, usa mayor violencia que la que precisa, este acto será ilícito", pero "si rechaza la agresión moderadamente, será lícita la defensa, pues, con arreglo al derecho, es lícito repeler la fuerza con la fuerza, moderando la defensa según las necesidades de la seguridad amenazada", subrayó.