El presidente Alberto Fernández anunció la intervención y expropiación de la empresa Vicentin, una de las principales agroexportadoras del país, que tiene una deuda financiera estimada en US$ 1.350 millones.
Horas después la empresa rechazó la decisión, dijo que se enteró por los medios y dijo que el tema los llena de "incertidumbre y preocupación".

"Estoy anunciando acá, en este instante, que estamos mandando al Congreso una ley de expropiación del grupo Vicentín para que el Estado nacional se haga cargo. Todos los activos del grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario y le encomendaremos la gestión a YPF Agro", dijo el Presidente.

Alberto Fernández sostuvo, en una conferencia de prensa en Casa Rosada, que para la intervención del grupo Vicentin, el Poder Ejecutivo "ha designado a un experto que es Gabriel Delgado".

"Esta es una empresa que está en concurso preventivo, camino a la quiebra", sentenció el jefe de Estado, quien remarcó que no sabe qué opina la oposición sobre esta medida, pero remarcó que los productores agrícolas santafesinos "deben estar muy contentos".
El mandatario sostuvo que se trata de "una operación de rescate", al enfatizar que "Argentina necesita soberanía alimentaria". En este sentido, añadió que la compañía "será declarada de utilidad pública" y aseguró que "los trabajadores continuarán en sus puestos de trabajo".
Rechazo de la empresa Los dueños de la intervenida cerealera Vicentin reaccionaron en forma negativa ante la intervención dispuesta por el gobierno y advirtieron que la decisión les provoca "incertidumbre y preocupación".

"El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas", sostuvo la compañía en un comunicado.

Además, los accionistas mayoritarios de la compañía reivindicaron la "legitimidad de proteger los derechos de una empresa argentina y de sus accionistas, de origen familiar y del interior del país, que se encuentra ajustada al marco legal vigente, dentro de un concurso preventivo de acreedores y que ha manifestado reiteradamente la voluntad de honrar los compromisos asumidos".

"Desde diciembre de 2019 el Directorio de Vicentin viene explorando distintas alternativas para refinanciar su deuda y recobrar el nivel de operación que supo tener en el pasado, que de ninguna manera se remonta a los últimos 4 años, sino que puede medirse en décadas de esfuerzo e inversión", sostuvo la empresa.

En el comunicado recordaron que "los activos de la empresa son muy importantes y están intactos".

"Todos los que participan en ésta actividad lo saben perfectamente. No se ha despedido durante todo el proceso a un solo trabajador. Más allá de que muchos no han podido trabajar por la pandemia, todos han cobrado como corresponde", indicó.

Recordó que "entre las alternativas en análisis siempre estuvieron la venta de activos y la posibilidad de asociación con compañías nacionales" y reveló que "dentro de esas opciones estuvo siempre contemplada YPF Agro".

"Todos sabemos lo que representa YPF para Argentina en el negocio de hidrocarburos, y también su muy importante vinculación con nuestro Agro, por lo cual en ningún momento descartamos que puede ser un actor importante en el futuro de Vicentin", señaló.
El anticipo de Amado Boudou El plan general sobre Vicentin había sido 'anticipado' por Amado Boudou​, el ex vicepresidente que ideó la estatización de las AFJP y por eso se ganó un espacio al lado de Cristina Kirchner en la fórmula presidencial del 2011.

El domingo, poco antes del anuncio, Boudou publicó una columna en el sitio eldestapeweb.com, titulada "Algunas ideas para Vicentin".

Aunque en un primer momento el artículo asegura que se conoció días atrás un proyecto público para estatizar la agroexportadora, lo cierto es que, si eso ocurrió, fue bajo silencio gubernamental, porque el anunció de Fernández sorprendió a los mercados y al propio Gabinete Nacional.
Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por el Tribunal Oral Federal 4, quien lo encontró culpable de haber cometido los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública en el proceso de compra fraudulenta de la fábrica de hacer dinero llamada Ciccone Calcográfica. Los magistrados determinaron, en agosto del 2018, que Boudou debía ser detenido de forma inmediata. Fue a la cárcel.

Salió. Volvió. Gracias un polémico fallo del juez Daniel Obligado, el ex vice está arrestado en su casa a la espera del dictado de una condena definitiva, algo que para muchos juristas en rigor ya ocurrió.

Ex vicepresidente, ex ministro de Economía y ex titular de la ANSES, Boudou fue inhabilitado de forma perpetua para volver a ocupar cargos públicos.