El nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no para de sumar problemas.
Tras su polémica con el dibujante Nik, ahora la Sala I de la Cámara federal porteña revocó el sobreseimiento que el juez Daniel Rafecas había dictado sobre él, Juan Manuel Abal Medina, Gabriel Mariotto y un grupo de empresarios investigados por la contratación de los derechos de televisación de ocho torneos de fútbol por 33 millones de dólares.

La imputación del fiscal Gerardo Pollicita sostenía que se habrían pagado sobreprecios por 19 millones de dólares en los derechos de partidos y torneos que transmitía el Gobierno.

A partir de la resolución que firmaron los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, el caso volverá a investigarse con un pedido específico: que envíen al a justicia federal la confesión de Alejandro Burzaco "para que se determine quién pagó y quién cobró las coimas".

Pollicita apeló la decisión del juez Rafecas, quien había dictado el sobreseimiento del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, de Pablo Paladino, ex coordinador del programa Fútbol para Todos y del ex vicegobernador Gabriel Mariotto. El planteo incluía a Juan Manuel Abal Medina y a otros once empresarios involucrados.​ La causa

Durante la instrucción, se acusó a los funcionarios y empresarios de defraudación al Estado por la compra de los derechos de trasmisión de 8 campeonatos a Torneos y Competencias con plata del plan Fútbol Para Todos por más de 33 millones de dólares.

Esta causa es la "pata" local del Fifagate. El fiscal Pollicita pidió la indagatoria de Aníbal Fernández y Abal Medina, de los responsables de las empresas que manejaban los derechos de transmisión de eventos futbolísticos, por los que el Estado pagó en dos años USD 33.050.000 a “TyC International BV”, que manejaba Burzaco.

El expediente se inició tras una denuncia de la Procuraduría contra la criminalidad económica y lavado de activos (PROCELAC) que se sumó a la presentación que realizó la diputada Graciela Ocaña.

Sostuvieron en la denuncia que los ex funcionarios y empresarios, "habrían obtenido los derechos económicos exclusivos de diversos eventos futbolísticos en los que había participado el Seleccionado Argentino de Fútbol desde 1991 hasta el 2015, mediante el pago de sobornos a las autoridades de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL)".

Tales ilícitos, expresa la denuncia, "se hallaban investigados por la justicia de los Estados Unidos de América, les habría permitido a sus empresas -“Full Play International S.A.” y “Torneos y Competencias S.A.”- vender tales derechos de televisación, marketing y publicidad en forma ilegal al Estado Nacional obteniendo ganancias exorbitantes en detrimento del patrimonio público".

La causa madre por los desvíos de parte de los 7.200 millones de pesos que el gobierno de Cristina Kirchner le dio a la AFA en el marco del plan Fútbol Para Todos (FPT) la tiene la jueza federal María Servini de Cubría quien ya procesó y envió a juicio oral, a Aníbal Fernández y al ex jefe de gabinete y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich. A Abal Medina le dio falta de mérito.

Tras la apelación del fiscal Pollicita, la Cámara federal porteña analizó la situación y revocó el sobreseimiento ordenando que se continúe investigando el caso. La resolución sostiene: "La actividad orientada a dilucidar lo acontecido no ha sido suficiente, y que pese a existir concretos cursos instructorios como los propuestos por el acusador público, se arribó al pronunciamiento que se examina anclado en una sesgada interpretación de sus constancias".

Consideraron que Rafecas "dejó de lado varias cuestiones que forman parte de esta investigación, limitándose en su análisis a la ponderación de la alegada imposibilidad de los peritos de asignarle un valor de mercado a los derechos televisivos investigados, construyendo detrás de eso la estructura de su solución definitiva".

Números bajo la lupa. Según la investigación de la fiscalía, se detectaron sobreprecios en la gestión de Aníbal Fernández en la contratación de los derechos de algunos partidos de fútbol.

En total suman US$ 1.230.000. Uno fue por el contrato que Fernández firmó el 14 de septiembre de 2011 para los derechos del “Superclásico de las Américas 2011” a “TyC International” que dependía de Burzaco. Telefé había adquirido esos derechos por US$ 270.000, pero el Gobierno los pagó US$ 1.200.000. La diferencia es de US$ 930.000.

Con el amistoso de la Selección Nacional, Fernández "no respetó el método de contratación mediante subasta" que hubiera "disminuido el precio”: adquirió los derechos pese a que otro canal, América TV, ya los tenía y garantizaba la transmisión gratuita en todo el país. Por ese partido, América pagó US$ 300.000 y el Estado, US$ 600.000, el doble.

Con la Copa América de Chile 2015, Abal Medina firmó un convenio por los derechos de televisación que no resultó muy favorable. El Estado pagó US$ 8 millones, mientras que Direc TV desembolsó US$ 3 millones y TeleRed US$ 2 millones, según el dictamen del fiscal.

Abal Medina firmó además el convenio por la Copa Mundial del 2014 que se disputó en Brasil. Por la transmisión, incluso si la Selección Nacional no clasificaba, desembolsó US$ 18 millones. Por la Copa Mundial de 2010 en Sudáfrica se habían pagado US$ 6.100.000.

Otro de los acuerdos fue el de los derechos televisivos para transmitir el Sudamericano sub 20 y la Copa del Mundo Sub 20 en 2013. Se pagó US$ 1 millón pero el seleccionado juvenil ni siquiera clasificó para el Mundial.