La explosión de la fábrica de armas de Río Tercero dejó siete muertos y 300 heridos, en noviembre de 1995, pleno menemismo. El Ministerio de Defensa de la Nación paga una multa de $400.000 diarios a 400 damnificados por la explosión ocurrida en noviembre de 1995.

El pago fue impuesto en abril pasado por la Justicia, a 27 años de la tragedia, y hasta ahora se han acumulado $9,6 millones por ese concepto.

La multa se fundamenta en el retraso del pago de las indemnizaciones a los damnificados. El estallido de la fábrica militar dejó siete muertos y 300 heridos.

Desde el 12 de abril, por una resolución de la Justicia Federal de Río Cuarto, el Ministerio de Defensa de la Nación debe pagar $400.000 diarios de multa -$9,6 millones acumulados hasta ahora- por no cumplir con el pago de indemnizaciones a damnificados por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero en noviembre de 1995. La sanción corresponde a 400 casos y se fijó en $1000 por cada uno.

El pago de indemnizaciones está contemplado en la ley 27.179, sancionada por el Congreso en 2015, que recién fue reglamentada tres años después. La Justicia determinó que el hecho fue intencional para encubrir un faltante de armas, con la intención de venderlas a Ecuador y Croacia, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem (el juicio al expresidente estaba previsto para días después de su muerte, en febrero de 2021). Las condenas cayeron sobre mandos medios.

Hay unas 10.000 causas judiciales iniciadas que pidieron resarcimiento por los daños y perjuicios, a raíz de la explosión de la Fábrica Militar, que dejó siete muertos, unos 300 heridos y decenas de viviendas destruidas. En 2019, una resolución ordenó el pago para 124 casos y estableció un monto de $26 millones. Hasta ahora se pagaron unas 360 indemnizaciones.

En agosto del año pasado, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, emplazó al Estado nacional para que en un período de 30 días pagara las indemnizaciones pendientes en 400 casos representados por el abogado Mario Ponce, que patrocina a unas 8000 personas.

El letrado explicó que la resolución judicial de ese momento respondió a un escrito que presentó él pidiendo que se avanzara en el pago. En el medio, admitió, hubo una serie de idas y venidas, por presentaciones cruzadas entre las partes.

En febrero se libraron los primeros pagos correspondientes a demandantes representados por los abogados Rosela Mengo y Elvio Vissani; la cartera de Defensa estimó que se abonarían unos 200 por mes, pero esa cifra no se alcanzó. Hay una Comisión de Pagos de las Indemnizaciones, que aprueba los expedientes.

Los pagos se hacen con bonos de consolidación de deuda del Estado, a 10 años. Ponce estima que, al valor actual, son unos $77.000, pero a la fecha de pago, por los intereses, serían unos $420.00.

Después de la intimación de agosto, el juez Ochoa le dio el 3 de febrero pasado diez días al Estado para cumplir los pagos. Se efectivizaron algunos, pero como la demora sigue, el abogado Ponce insistió y allí surgió la decisión judicial que fijó la multa.

A fin de abril ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de la UCR, en el que se pide al Poder Ejecutivo que cumpla con los pagos de las indemnizaciones. Sostiene que se viene dilatando el cumplimiento de la ley, “exigiendo documentación que no se encuentra prevista en los formularios de presentación de los certificados y objetando la validez de los poderes otorgados a los letrados apoderados, a los que el tribunal les ha dado plena autoridad”.

En el Ministerio de Defensa indicaron a La Nación que la ley indemnizatoria a la que se refieren es de fines del 2015 y las demoras se deben a “la inacción” de la gestión que gobernó a partir de ese año. “Es nuestra gestión la que inició el pago de las mismas y asumió el compromiso de llevar adelante el proceso de regularización administrativa”, observaron.

En tal sentido, indicaron que se creó la Comisión de Trabajo Río Tercero en la jurisdicción del Ministerio de Defensa. “Al inicio de nuestra gestión, había 10.000 presentaciones sin trámite. Nos ocupamos de cada una de ellas y actualmente se liquidan indemnizaciones todas las semanas. En dos años, hemos tramitado 6000 expedientes, de los cuales 500 ya poseen liquidación”, agregaron.