Luego de que la Justicia considerara el atentado a la AMIA como un delito de lesa humanidad y solicitara reformas legales para juzgar a los iraníes sospechosos, el Gobierno resolvió este viernes por la mañana elevar la alerta antiterrorista y ordenó reforzar la seguridad en aeropuertos, embajadas e instituciones religiosas de la colectividad judía.

La Casa Rosada resolvió sumar controles en posibles objetivos de un eventual ataque terrorista: aeropuertos, hoteles, embajadas y establecimientos vinculados a la comunidad judía. La decisión tiene que ver con el recrudecimiento de la tensión entre Irán e Israel y con el fallo histórico que concluyó que Irán planeó el ataque y Hezbollah ejecutó los atentados contra la AMIA y la embajada de Israel.

El Ministerio de Seguridad no recibió una amenaza concreta, pero resolvió por una cuestión de protocolo desplegar un plan preventivo y extremar medidas en puntos sensibles de la seguridad nacional.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y su secretario de Estado en el área, Vicente Ventura Barreiro, mantenían una reunión esta mañana después de decidir el refuerzo.

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Entre tanto, pese a que la Presidencia celebró el fallo de la Cámara, el Gobierno no da muestras de si tomará una decisión diplomática drástica como piden algunos sectores, en el sentido de que se rompan los vínculos bilaterales con al República Islámica de Irán. Es una decisión que se evalúa.
Uno de los mayores desafíos que tiene hoy el Gobierno es lo que hace a la inteligencia previa, que está muy averiada por el uso de la AFI durante años para fines políticos internos.

Según reveló el diario Clarín sabe que el Mossad -el servicio de inteligencia israelí- mudó su sede de Chile a la Argentina en estos meses y que gran parte del trabajo que se viene haciendo respecto a Irán tienen que ver con los estrechos vínculos de Bolivia con la República Islámica.